A través de un comunicado, enviado por el Secretario de Seguridad, Darío Ciminelli, ayer se informó que el comisario Sebastian Rozza había sido solicitado por el Juzgado Federal con asiento en el Departamento Judicial de Junín, a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa de narcotráfico. Durante las primeras horas de la tarde de ayer, se informó que Rozza “prestó declaración ante la Justicia Federal y ya se encuentra en nuestra ciudad”. Además, se comunicó que por ahora no habrá conferencia de prensa “ante la falta de comunicación oficial del Juzgado”.
¿Por qué indagaron a Rozza?
Tras un operativo realizado por el personal de Drogas Ilícitas Junín y más de 1750 horas de escucha, el último viernes quedó desbaratada una banda narco que operaba en la región de Chacabuco y Junín. Con Rozza, son diez los involucrados en la causa que lleva adelante el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Héctor Pedro Plou y la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.
Vale recordar que como consecuencia del procedimiento realizado en la Comisaría de nuestra ciudad, se pudo verificar el funcionamiento de un accionar logístico y delictivo, con parte de base de operaciones en un calabazo donde se secuestraron armas, drogas y teléfonos celulares. Por este motivo, el Juez que entiende en la causa, ordenó la detención de Rozza y su declaración a indagatoria.
Una fuente con acceso a la causa aseguró a este medio que “hay escuchas telefónicas por mucho tiempo y hay mucha gente involucrada de alto rango, más allá de Rozza, y que difícilmente no estuvieran al tanto desde el gobierno municipal. El Secretario de Seguridad, Darío Ciminelli, participa activamente de los allanamientos junto con la Policía, no puede no estar enterado de lo que sucedía”.
Mientras tanto, Cuatro Palabras consultó a concejales de Juntos por el Cambio, quienes desde el día martes se negaron a dar declaraciones, por “no contar con información al respecto”. Un fuerte hermetismo que parece haber sido acordado entre el jefe de la bancada oficialista Alejo Pérez y las mismas autoridades del área de seguridad. El mismo criterio siguieron las concejales Jorgelina Soñez y Patricia Colacilli, aduciendo falta de información al respecto. En las próximas horas podría levantarse el decreto de las actuaciones judiciales y tal vez se pueda tener mayor información sobre un tema tan sensible que preocupa a toda la población.
