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  • lunes, 08 de agosto de 2022

Quisieron ayudar, pero aprobaron una Ordenanza inconstitucional

Lo que parecía, a todas luces, un intento por preservar el trabajo de las inmobiliarias locales frenando el desembarco de franquicias, resultó en una Ordenanza inconstitucional que podría poner en riesgo el patrimonio municipal.
Quisieron ayudar, pero aprobaron una Ordenanza inconstitucional

Se trata de la ordenanza 8937/21, que se aprobó durante el 2021 y prohíbe -en todo el Partido- la difusión en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias (grandes cadenas) de cualquier tipo. En octubre de ese año, César Vaninetti, representante del Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Junín, manifestó su preocupación a los concejales oficialistas y a través de una nota, solicitó como representante del Colegio que se tomaran cartas en el asunto: solicitaban la aprobación de una Ordenanza que ya había dictado otros municipios. De esa reunión participaron los concejales Rodolfo Serritella, Agustín Zarkovich, Clelia Cuozzo, Carolina Marino, Nancy Tejo y Ana Rodrigo, que se comprometieron a dar una solución inmediata.

Los concejales del por entonces bloque del PJ-FpV fueron advertidos de que “la ordenanza podía ser inconstitucional y que contradice la ley orgánica de las municipalidades y el Código Civil y Comercial”, y que habría que buscar otro camino para combatir la competencia desleal, evitar el monopolio y preservar el trabajo de martilleros y corredores locales. El expediente pasó a Comisión y se aprobó luego por mayoría automática. “Si se quiere evitar la cartelización o lobbys del mercado hay otras leyes, otras medidas, y no usar una ley provincial u ordenanza inconstitucional, porque el juez entiende que impide el ejercicio de la profesión, entonces no se trata de no querer defender el trabajo local sino de llevar adelante las acciones correctas para evitar un daño mayor”, dijo una fuente legislativa a este medio. En ese sentido, martilleros y firmas publicitarias podrían iniciar acciones legales contra el Municipio para reparar el daño que están sufriendo.

Los municipios que no den marcha atrás con su legislación tendrán “responsabilidad civil patrimonial, al igual que los concejales en forma personal, porque los daños que ya están causando son mensurables económicamente y de muy fácil prueba en sede judicial”, advirtieron desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI).