El acceso a una vivienda digna es un derecho universal y habilita al desarrollo de otros derechos fundamentales, que nos construyen como personas, como el derecho a la salud, a la privacidad y educación. El Estado puede y debe intervenir más para que eso sea posible.
Juliana tiene treinta y dos años y vive con su novio a unas diez cuadras de la plaza principal. Ambos trabajan en relación de dependencia y, aunque es parte de sus proyectos tener una casa propia, por ahora viven en una propiedad que les presta su familia. Ambos consideran que ese sueño es posible “solo si algún día sale algún programa de construcción que congele las cuotas”. Lo saben bien, porque averiguaron cuáles eran las posibilidades en el mercado hipotecario, y todas les resultan virtualmente imposibles. De hecho, hace un tiempo tomaron un crédito pero solo les alcanza para empezar a pagar un terreno y luego seguir con las cuotas por las suyas. Por eso creen que el Estado debería impulsar y financiar programas para acceder a la adquisición de una casa propia. “La mejor opción de financiamiento que conocí fue el plan procrear, pero las últimas ediciones fueron escasas y además de montos muy pequeños para lo que cuesta hoy en día construir”, dice Juliana.
La concentración o redistribución de la tierra, los recursos que asigna a esta temática, el desarrollo de infraestructura en los barrios y nuevas zonas de la ciudad, son parte de una decisión política que está fuera de agenda. Ante la inexistencia de créditos hipotecarios y otras alternativas, el fracaso de los créditos uva (que aumentaron al ritmo de una inflación galopante, con tarifazos, devaluación, retorno del Fondo Monetario Internacional), acompañar con políticas de Estado Municipales a aquellos jóvenes con ingresos, que pueden acceder a una cuota razonable a una vivienda, podría ser una intervención efectiva y directa.
Chacabuco es la única ciudad de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires en la que no se ha construido ni una sola vivienda en casi ocho años. El Intendente comenzó su gestión con un anuncio de 272 viviendas y principio de ejecución de obras que tuvieron el final de la arena entre las manos, bajo un gobierno del mismo color político. Las 272 pasaron a ser 132 en el 2019, y hoy no son más que terrenos llenos de yuyos, cimientos irrecuperables y expectativas frustradas.
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Ignacio tiene treinta años. Vive solo, en un departamento alquilado de dos ambientes. Trabaja en relación de dependencia para una multinacional desde hace un año, como desarrollador de software. Es parte de sus proyectos tener una casa propia, “un sueño a concretar solo o con alguien más”, dice. Es el único de los entrevistados que empezó ese camino, gracias a que el alquiler le representa solo el 10% de sus ingresos, puede generar un ahorro. Pero sabe que su situación dista de la de su entorno y la mayoría de los jóvenes de la ciudad. “Es un desafío en este contexto de país, pero está vinculado a que mi profesión tiene una gran demanda, incluso sé que podría conseguir un trabajo mejor remunerado trabajando para el extranjero”, dice.
Está muy informado respecto a la situación de los créditos hipotecarios por parte de los bancos, “diría que es nulo”. “Venimos de varios años de mucha inflación y del fracaso de los préstamos UVA, por lo cual si pudieran definir una tasa a 10, 20 o 30 años creo que nadie se animaría a tomar el crédito”, dice. Ignacio cree que hasta que no se solucionen las variables macroeconómicas no va a existir la posibilidad de esa vía ni con tasas fijas ni variables, y también se refiere al plan Procrear: “Es para sectores medios y medios bajos, es muy bueno y permite acceder a un lote y a un crédito barato, pero primero hay que salir sorteado, hay que dejar de recortar el programa e invertir más”. Por todo esto cree que el Estado debería mejorar sus esfuerzos para que los sectores medios y bajos accedan a loteos y construcción de vivienda digna, y -a escala nacional- mejorar las variables macroeconómicas para que vuelva el crédito hipotecario para otros sectores, porque “los bancos en Argentina le prestan a los que menos necesitan y no quieren toman riesgos”.
Por último, se refiere a la situación local en particular, y apunta a que “el gobierno de Chacabuco debería retomar la construcción de viviendas prometidas, o tal vez también participar del mercado inmobiliario mediante compra de quintas y loteos accesible para los chacabuquenses, pero además tienen que planificar el crecimiento de la ciudad y poder brindar servicios por los que cobran”. En la búsqueda por su propio terreno pudo saber que hoy, en Chacabuco las inmobiliarias piden no menos de 14 mil dólares por un lote. “Implica un esfuerzo enorme y no todos pueden acceder a un pedazo de tierra por esa cantidad de dinero”.
Seguridad y acceso a la vivienda son dos cuestiones de agenda que -a través de distintos proyectos- se canalizan en el Concejo Deliberante, y que atañen a gran parte de la ciudadanía, pero no encuentran voluntad. Se trata de temáticas que organizan a una comunidad: familia y trabajo. Y no pueden dejarse al azar de las reglas del mercado.
Ivana, de veintiocho años, vive con su hijo y su hermano. Es una de las tantas emprendedoras de la ciudad y le cuesta visualizar la concreción de una casa para su familia en este contexto. “Si lo pienso creo que sería casi imposible, pero si vamos a soñar, primero debería conseguir un terreno financiado o un crédito, y en este momento no sé cómo podría acceder a alguno, tal vez con un trabajo formal y después pensaría en alguna casa prefabricada, que también las financian”, dice.
Ivana no está al tanto de las opciones del mercado pero registra, al igual que el resto de los entrevistados, la experiencia Procrear, que permitió a miles de jóvenes en todo el país, materializar su sueño, ladrillo por ladrillo.
