Recordemos que la denuncia oportunamente presentada por el bloque del Frente de Todos, daba cuenta de un proveedor del área de Servicios Públicos que a través de licitaciones privadas accedía a una gran cantidad de contrataciones y luego, parte o todo el dinero recibido, lo retornaba a funcionarios de esa repartición. De la observación de algunos de los movimientos bancarios se pueden aclarar ambas cosas, ya que en algunos casos la totalidad del dinero ingresado como transferencia desde el área contable de la Municipalidad, de inmediato salía a las cuentas de dos funcionarios. Por ejemplo, el día 19 de enero del 2023 el contratista Marcos Andrés Batista recibe una transferencia de $ 180.000, el 20/01/23 realiza una extracción de 10 mil pesos y dos transferencias de 85 mil pesos, con lo cual se deduce que en este caso el importe recibido como pago de parte del Municipio se retornó casi en su totalidad a los funcionarios Gabriel Horacio Vespasiano y Pablo Adrián Alegre. Para tomar otro caso testigo, que según fuentes consultadas son apenas algunos de los tantos que se acreditarán en los expedientes administrativos y judiciales, se puede observar un movimiento de cuenta del 4 de agosto del año 2022. Ese día Batista recibe una transferencia desde la tesorería municipal por un importe total de $200.000 y con idéntica fecha transfiere a los mismos Vespasiano y Alegre 87 mil pesos, registrados en ocho movimientos bancarios en el siguiente orden: dos giros de $ 20.000; dos giros de $ 30.000; un giro de $ 1.000 y tres giros de $ 2.000. De la lectura de los resúmenes a los que tuvo acceso este diario, se puede también observar que el proveedor Batista realizaba la totalidad de los retiros inmediatamente después de recibir las transferencias o en algunos casos, tal como lo transcribimos, de inmediato se enviaba el dinero a las cuentas de los mencionados funcionarios. También, vale reiterar, y en esto trabaja la comisión interna del HCD y se supone la Justicia, de la simple observación de movimientos bancarios se desprende que algunos trabajos directamente no se ejecutaban o en otros casos se hacían parcialmente. Acá aparece la responsabilidad del titular del área, Juan Carlos “Pipo” Gómez, quien también es el receptor de una transferencia de parte de Batista.
Cómo funciona el sistema
Dentro de las opciones de contrataciones de bienes y servicios con los que cuenta la administración publica municipal, está la de las licitaciones privadas. Se trata de compulsas de precios donde al menos deben participar tres oferentes y por lo general se otorgan los trabajos a quien propone el precio más bajo. De ahí en más, el mecanismo de control previo a la confección de la factura y el pago de la misma, es responsabilidad exclusiva del titular del área, en este caso Juan Carlos Gómez. Sí, tal como se ve reflejado en los resúmenes de cuenta bancaria de Batista, hay pagos que recibió y retornó en un 95 por ciento, está claro que esos trabajos no se ejecutaron y por lo tanto la responsabilidad administrativa y política es del principal funcionario del área. En tal caso, habrá que ver cuando esta información vaya consolidándose en las fojas de los expedientes que se tramitan, cuál será la decisión que tomará Víctor Aiola respecto a un funcionario de su íntima confianza a quien, como mínimo, le fallaban los mecanismos de contralor.
