VIENE DE TAPA
Los Ojos en Alerta
El anuncio de la instalación de 25 nuevas cámaras de seguridad con inteligencia artificial y detección automática de vehículos y de personas, sin información respecto a los mecanismos de contratación de las mismas reabre un viejo debate. El año pasado a través de la Licitación Publica n° 10/22 se realizó la compra e instalación de cámaras y otros elementos por mas de diecisiete millones de pesos a pesar de haber una mejor oferta. Ahora, no se informó si esta operatoria se llevó a cabo por Contratación Directa o Licitación Privada. Esto también remite a un pedido de informes que aprobó el Concejo Deliberante en su última Sesión, respecto a una millonaria compra de materiales de construcción que desde la oficina de Compras y Desarrollo Social llevaron a cabo en medio de la actual campaña electoral.
Luego de casi ocho años de gestión y a pesar de infinidades de anuncios respecto a la necesidad de dar mayor transparencia a los actos de gobierno, la actual administración publica no encuentra un modo de ajustar los mecanismos para que se puedan verificar en los hechos los principios que se declaman. Otra vez la Secretaría de Seguridad a cargo de Darío Ciminelli y la oficina de Compras volverán a estar en el ojo de la tormenta. El reciente anuncio de la compra y colocación de 25 cámaras con inteligencia artificial y detección automática de automóviles y personas, remite a la pregunta de cuál fue el modo de contratación y adjudicación de las mismas.
No es una cuestión menor recordar que el año pasado por medio de la Licitación Publica N° 10/22, se realizó una contratación por mas de diecisiete millones de pesos y que a pesar de haber existido una oferta mas conveniente fue contratada a quien cotizó poco menos del presupuesto oficial. A principio de este año, luego de las negociaciones que se llevaron a cabo entre oficialismo y oposición en la legislatura provincial, los intendentes de Cambiemos hicieron valer los votos de sus legisladores para obtener fondos con partidas específicas. Una de esas partidas estaba destinada a mejorar el equipamiento dentro y fuera del Centro de Operaciones y Monitoreo, para lo cual se pensaba llamar a una nueva Licitación Publica. La semana pasada se informó oficialmente de la puesta en marcha de las cámaras recientemente adquiridas, aunque se desconoce el mecanismo de contratación a través del cual se realizó la compra.
No hay acceso a la información publica
En una de las varias recomendaciones que el entonces electo intendente Víctor Aiola recibió alla por el año 2015, un ex concejal de la UCR, expresamente proponía ´´Para las compras directas y con concurso de precios es necesario establecer un mecanismo operativo que permita verificar la calidad y precio de los insumos requeridos en forma ágil´´. Luego resaltaba ́ ́Su transparencia se asegura si la totalidad de las compras pueden ser visualizadas online, a través de la página de internet del municipio, por proveedores y vecinos en general´´. No solo que esto no se llevó a cabo, sino que ademas ni siquiera los concejales tienen acceso al sistema RAFAM que es el modo en que se puede seguir la trazabilidad de la gestión financiera en cuanto a ingresos de los recursos y salida de los mismos. Mas aún, hace meses que el Concejo Deliberante, a raíz de los hechos de corrupción denunciados en el Corralón municipal, se espera recibir la nómina completa de Proveedores que hasta la fecha no fue remitida.
La contratación de materiales
Todas estas cuestiones remiten a otro tema que despertó el debate y aprobación de una Minuta de Comunicación a través del cual el Concejo Deliberante espera que la Secretaría de Desarrollo Social informe sobre una Licitación Privada cuyo objeto es la compra de materiales de construccion.No es patrimonio de esta gestión echar mano a los recursos públicos en medio de las campañas electorales, eso no significa que esa información no debería ponerse en conocimiento del cuerpo deliberativo, con estricto cuidado de confidencialidad, para saber con que mecanismos se resuelven esas compras y cual es el criterio para la adjudicación de los beneficiarios.
