El actual gobierno municipal atraviesa su último tramo de gestión con muy pocos resultados para mostrar en materia de obra publica. Con la excepción de la primera etapa del Hospital Materno Infantil que podría finalizar antes de que termine el año, pero que incluye la etapa de trabajos mas gruesos, las otras pocas obras en marcha transitan con mucha lentitud o están paradas. Sin dudas el impacto del aumento de precios hace imposible la continuidad de los mismos si no tenían previamente establecida la cláusula de redeterminación de precios o se alcanza algún acuerdo entre las partes. Justamente, el Materno Infantil mantiene buen ritmo de avance porque existe la cláusula de redeterminación y porque Aiola quiere que esa sea otra de las iniciativas que deje su marca o huella en el hospital público de la ciudad. Por eso ha decidido realizar en tiempo y forma los desembolsos para pagar las redeterminaciones que salen de recursos generales y afectan la precariedad financiera que atraviesa el municipio. Pero lo mismo no ocurre en otros casos, donde los aumentos de los precios de materiales y mano de obra hacen imposible seguir adelante con las obligaciones asumidas por las contratistas. Aun así, hasta la semana previa a las elecciones del último domingo, algunas empresas negociaban acuerdos particulares o readecuaciones de precios para poder terminar los trabajos. Las conversaciones se extendieron mas de lo previsto, y la nueva devaluación del peso que se dio durante la jornada de ayer, licuó las mínimas pretensiones a las que aspiraban los contratistas y todo vuelve al punto cero. A cuatro meses de dejar el gobierno, Aiola insiste con que sus prioridades están puestas en pagar salarios y dejar el dinero de los aguinaldos. También con las medidas macroeconómicas conocidas ayer, los trabajadores municipales no tardaran en volver a la carga con nuevos reclamos de recomposición de sus ingresos. Mientras tanto, y como parte de una vieja historia que comenzó en la previa a las elecciones del 2019, el municipio será intimidado por el incumplimiento contractual de la construcción de la viviendas cuyos contratistas se vieron severamente perjudicados y llegaron hasta acá con la promesa, nunca cumplida, de cobrar saldos pendientes y reiniciar los trabajos.
