Al inició, Heller realizó una breve síntesis de los contenidos del proyecto que “intenta compensar el deterioro del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, remarcó. “La devolución permite segmentar adecuadamente, determinar a qué sector de la sociedad se beneficia y sobre qué tipo de bienes se aplica”, especificó.
Al anticipar que desde Juntos por el Cambio propondrán un dictamen de minoría, Alejandro Cacace (Evolución Radical) coincidió en la necesidad de hacer una devolución de impuestos, pero criticó que el Gobierno disponga medidas que “implican pérdida de recursos e incremento de gastos para el Estado sin acompañarlos de la consecuente compensación de la recaudación o la baja de gastos”.
En ese sentido, consideró “fundamental que haya una restricción sobre la capacidad del tesoro de financiarse a partir de la emisión monetaria y de la asistencia del Banco Central”. En tanto, Victoria Morales Gorleri (PRO) expresó preocupación por no estar contemplados en el proyecto oficial los niños, niñas y adolescentes.
En contrapartida, Itaí Hagman (FdT) destacó que proyecto de ley apunta a “saldar una deuda histórica”. “Por primera vez se da una solución efectiva mediante la devolución del IVA con un criterio que tiene un efecto de mayor progresividad o equidad tributaria”, ponderó.
Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos, sostuvo que “tenemos la oportunidad de avanzar en políticas de justicia tributaria, mejorar los ingresos de los trabajadores y reforzar los lazos de solidaridad que tenemos dentro de los propios trabajadores argentinos”.
Previamente, el pasado 28 de septiembre, la comisión de Presupuesto había recibido en una reunión informativa a los funcionarios Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Guillermo Michel, director General de Aduanas; y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, quienes fueron los encargados de presentar el proyecto enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa.
La iniciativa apunta a reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas humanas contempladas en la medida. Asimismo, uno de los objetivos prioritarios del Estado Nacional es la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con el fin de lograr una reducción sostenida de la pobreza.
El programa Compre sin Iva es un régimen que reintegra el 21% de las compras realizadas en comercios minoristas y/o mayoristas, con un tope de hasta $18.800 mensuales. El beneficio opera mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras, así como también a través de las tarjetas emitidas en el marco del “Programa Alimentar” y del “Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - POTENCIAR TRABAJO”.
Además, comprende las transferencias mediante tarjetas de débito que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI), así como los pagos con débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).
[22:07, 5/10/2023] Medios Prensa Mazza: Trabajo legislativo
ALQUILERES: PLENARIO AVANZÓ CON EL DEBATE DE LOS CAMBIOS A LA LEY
Desde el oficialismo avalaron la sanción del Senado, mientras que desde Juntos por el Cambio insistieron con la norma que se aprobó en Diputados.
Se dio en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados del Frente de Todos Lucas Godoy y Carlos Heller, respectivamente. El dictamen de mayoría obtuvo 41 firmas y le de minoría 37.
Al ratificar que insistirán con la sanción originaria de la Cámara de Diputados, desde el PRO, Pablo Tonelli afirmó que lo avalado por el Senado “ya está probado que no ha dado buenos resultados”. Al respecto, aclaró los principales objetivos de la norma que volverán a acompañar. “El plazo mínimo sea de dos años, que los ajustes puedan hacerse a partir de los cuatro meses, con la periodicidad convengan las partes, y que tengan la libertad de elegir entre varios de los índices o fórmulas que hemos propuesta en esa ley”, detalló.
Itaí Hagman (FdT) aseveró que “la discusión de dos contra tres años al único actor interesado de que los contratos sean más cortos son las inmobiliarias, no son los propietarios y muchos menos los inquilinos”. Con respecto a la norma del Senado remarcó que “es una solución superadora”, la cual aseguró que busca “mejorar el actual mecanismo de indexación al hacerlo por el valor más bajo entre inflación y salario, siendo mucho más razonable”.
Desde el mismo bloque, Eduardo Tonioli sostuvo que “lo que hizo el Senado fue restablecer un grado mínimo de racionalidad a esta discusión, tratando de darle respuesta a los inquilinos”.
En tanto, Karina Banfi (UCR) subrayó que “esta es una medida populista”, donde según consideró “ninguna de las dos partes involucradas está conforme con esta ley”. Son medidas electorales para dividir a la oposición”, fustigó, al tiempo que recalcó que “el problema está en la oferta”. “Esto se debe, principalmente, al intervencionismo estatal”, añadió. Y, concluyó acentuando que “nosotros defendemos a la gente, a los trabajadores y a los honestos”.
Por último, Federico Fagioli (FdT) criticó el proyecto que se aprobó en Diputados. “Este proyecto, que pretende que las partes se pongan de acuerdo, en realidad enriquece a un sector, busca que se beneficien los dueños, las inmobiliarias, los sectores que han concentrado la economía en la Argentina”.
El proyecto que aprobó el Senado establece que los contratos, que deberán pagarse en moneda nacional, serán tres años de plazo mínimo legal de locación con ajustes semestrales en lugar de anuales. Además, se aplicará el índice Casa Propia, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. Y habrá incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas.
Cabe recordar, que la norma que aprobó la Cámara de Diputados proponía que el plazo de los alquileres sea de dos años, con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para definir el índice entre las partes.
