Por eso, en el caso de Marcos Batista, hay notables evidencias de que cobraba por tareas, a veces no realizadas, y luego retornaba dinero a algunos funcionarios, en un claro ejemplo de los mecanismos recaudatorios implementados en el área de Servicios Públicos. Entre la información enviada desde la Administración Pública Municipal aparece un presupuesto autorizado por el Secretario Juan Carlos Gómez, cuya imagen se acompaña, y a través de la cual Batista tomó a su cargo la realización del quitado de ploteo y pintura general de un camión compactador por más de medio millón de pesos. En el oficio de pintores de obras, supuesta actividad para la que se lo contrataba a Batista, es muy difícil encontrar que alguien del rubro de la brocha, el rodillo y el pincel, se anime a pintar un vehículo, más cuando se trata de rodados de última generación que requieren técnicas de trabajos muy profesionalizadas. Tampoco el vehículo en cuestión tuvo una intervención que justifique semejante cantidad de dinero.
Sistemas de control
Mas alla de lo que finalmente termine decidiendo la Justicia o la comisión que trabaja en el ámbito del Concejo Deliberante, lo que sin dudas queda en evidencia es que al Gobierno municipal le falta afinar sus mecanismos de contralor. Hay que tener en cuenta que el municipio es la principal “empresa” de la ciudad con un presupuesto que este año superará los diez mil millones de pesos, con más de dos mil personas, entre empleados y/o contratados, lo cual habla de un volumen de actividad que requiere recursos humanos altamente capacitados, para auditar cómo gasta el estado local los mas de veinte millones de pesos diarios que dispone. En el caso “Batista” es muy difícil entender cómo en ningún momento saltaron las alarmas internas para advertir que había un contratista que se dio de alta en la AFIP y de inmediato solo le facturaba al municipio, trabajos muy variados, incluso algunos sin contar matrícula habilitante, tal el ejemplo de ejecución de obras de electricidad. Además, durante el tiempo que duró esa relación, todas las cotizaciones en las que participaba aparecía como la mejor oferta económica. A lo largo del camino hay que insistir con la cadena de responsabilidades en el contexto de los expedientes administrativos que se llevan adelante para agilizar los variados requerimientos que se realizan desde las distintas áreas de gobierno. Mas temprano que tarde, el Intendente Víctor Aiola, deberá tomar decisiones acorde con la confianza política delegada en quienes él elige, para que ejecuten el plan de gobierno y que en determinado momento, por acción u omisión, ponen en riesgo a la propia gestión.
