A través de un Pedido de Acceso a la Información Pública que presentará este viernes, el vecino Diego Molinari, solicita al Ejecutivo municipal que informe cuál es el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos que lleva adelante. En detalle, pide conocer si se presentó ante el OPDS un programa de Gestión Integral de Residuos, y si fue aprobado por la entidad; cuáles son los volúmenes de basura que produce la localidad, los detalles, en qué porcentaje se podrían reciclar; y si existe algún programa de concientización ciudadana.
Por otra parte, solicita que el Gobierno indique si la localidad de Chacabuco forma parte o no de algún consorcio interregional, si se realizó el correspondiente estudio de las condiciones hidrológicas del terreno, que indique cuál es la distancia con el acuífero subterráneo; y, entre otros, si se realizó el estudio ambiental del proyecto Relleno Sanitario que evalúa los efectos nocivos para el ambiente y los vecinos.
“Hace once años que violan la normativa”
Molinari denunció al Municipio el año pasado frente al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA). “La Ley Provincial de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios fue sancionada en el 2006, y la Provincia le dio una prórroga de cinco años a los Municipios para que pongan los basurales estatales dentro de la ley, por lo que el Municipio hace 11 años que está violando la normativa”, dijo a este medio.
El Gobierno corre detrás
Desde el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, ayer, el responsable de Medio Ambiente, Marcos Pinto, indicó que el Municipio retomó los trabajos de ordenamiento del predio. Se anuncia contratación de maquinarias aunque no se conocen expedientes. Los trabajos estaban paralizados desde hace al menos un año, cuando con un presupuesto de 1.400.000 pesos, se realizó la tarea de planchado del Basural municipal que al poco tiempo se abandonó. Según explicó Pinto, esta vez "se está trabajando en el reacomodamiento, realizando tareas con maquinaria propia, donde se está haciendo un topado de determinados residuos hacia las fosas existentes".
Además, informó que en los próximos días se avanzaría en una segunda etapa con una topadora con oruga para compactado y posterior cobertura de tierra, que permita “el paso a un vertedero controlado”. Al menos hasta ayer, en las oficinas del Palacio nadie podía confirmar si la contratación de la maquinaria se realizaría por un simple concurso de precio o a través de llamado a licitación privada o pública. Algo parecido ocurrió tiempo atrás, luego de que Cuatro Palabras denunciara el estado de abandono del basural de Rawson, donde, en principio había un expediente a través del cual se haría la contratación de trabajos, luego desmentido y finalmente nada se sabe al respecto.
