El cura Rubén Lassaga nació en la provincia de Santa Fe y siempre ha estado en parroquias rurales y campesinas. Hoy está en Nueva Esperanza, cabecera del departamento Pellegrini de Santiago del Estero. Ahí funciona una Mesa Parroquial de Tierras a través de las que se unen las comunidades, se las asesora sobre sus derechos posesorios de la tierra, sobre la legislación vigente de las aplicaciones con agrotóxicos: dónde y cómo pueden hacer los reclamos.
Hace algunos días recibió un mensaje mafioso a través de la secretaría de la Parroquia. “Los caminos del monte son largos y solitarios, y él siempre anda solo. Los caminos tienen sus trampas, por favor no se siga metiendo en lo que no le corresponde, y la próxima no va a haber un mensaje de advertencia”, rezaba un whatsapp de número desconocido. Hizo la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. El número de teléfono es de característica de Tucumán, como todos los que viven en la zona, y “tienen algún nombre dando vuelta” que por supuesto no pudo revelar.
“Miedo no tengo, pero desde que me amenazaron ando con otro tipo de precaución, a veces acompañado, a veces solo, pero intento cuidarme un poco más”, dice en diálogo con este medio. Pero, por otra parte, toda la comunidad lo acompaña, la MOCASE, organizaciones ambientales de la provincia y de la zona, y se siente “fortalecido”.
Los desmontes y los desposeídos
Lo cierto es que la situación excede esta amenaza en particular, y es moneda corriente en Santiago: los desalojos permanentes. Hace pocos días dos camionetas con “matones” sacaron a las patadas a una familia de su casa a las tres de la mañana; y un poco antes, en Torres, la policía desalojó a una familia que tenía título de propiedad del año 60, además de las décadas de posesión e impuestos al día. Quien reclamaba estas 30 hectáreas es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Federico López Alzogaray, con una cédula real de 1747, que pertenece al Virreinato del Perú.
El agravante, es que se trata de familias “que siempre vivieron en el campo, que son autosuficientes, y que una vez desalojadas son arrojadas a la ciudad, necesitan ayuda y después se las critica por recibir algún tipo de plan, es perverso”. Rubén registra en su llegada a Santiago “que el paisaje ya se parece a La Pampa porque a partir de los 90 se extiende la frontera agropecuaria, se arrasa con el monte nativo para sembrar soja. Una de las consecuencias es que el monte está despoblado”, dice.
También explica que a través de la Mesa de Tierras “se avanzó mucho en el reconocimiento de los derechos, pero no hay resultados. Se cansan de denunciar y no hay eco en la Justicia”, y que “hace tiempo las comunidades empiezan a registrar que hay muchos chicos a quienes se les detecta celiaquía, que nadie quiere firmar esos informes, y hay cada vez más obreros y fumigadores que han fallecido de cáncer”.
