jueves. 25.04.2024
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"Hay que trabajar para que esto no siga ocurriendo"

Una joven de veintisiete años denunció que fue víctima de abuso sexual a la salida de un boliche. Apenas logró escapar de la situación se dirigió a un patrullero que realizaba operativos de control en el Acceso Hipólito Yrigoyen y pidió auxilio. El agresor -de dieciséis años- fue identificado, detenido y puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro 12 del Departamento Judicial de Junín, que horas más tarde dispuso su libertad. En las redes sociales la víctima realizó una publicación en la que se animó a denunciar los hechos. La abogada Sabina Meza, explica cuál es el procedimiento que se aplica cuando los acusados por delitos sexuales son adolescentes.

El parte policial indicó que durante la madrugada del sábado, detuvieron a un adolescente menor de edad (16), quien momentos antes había abusado sexualmente de una joven de veintisiete años. La denuncia formal se realizó horas después por parte de la víctima, quien además, realizó una publicación a través de las redes sociales en la que se animó a denunciar los hechos.

“Son las 06:20 de la mañana, recién llego a casa, me trajo la Policía”, así arranca el relato de la chica, quien expuso que luego de salir del boliche el agresor le tapó la boca y -bajo amenaza- la arrastró a un descampado donde abusó sexualmente de ella. Cuando logró salir de ahí, pidió ayuda en el primer auto que encontró en el acceso y tras la negativa, acudió a la Policía, que se encontraba a unos metros del lugar. “Gracias a Dios pude salvarme, lo puedo contar yo, que estoy viva, ahora el pibe está preso, mañana no”, finaliza su publicación.

Según el mismo parte policial, el equipo interdisciplinario y personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia intervino, y el menor fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nroº12 del Departamento Judicial de Junín por el delito de privación ilegal de la libertad-abuso sexual simple y lesiones.

Cómo interviene la Justicia en estos casos

Sabina Meza, abogada y vicepresidenta de la organización Las manitos en el bolsillo, que contiene y acompaña mujer víctimas de violencia explicó que “cuando los acusados son niños y adolescentes -en este caso de 16 años- interviene la fiscalía especializada, y tiene un régimen especial de responsabilidad penal juvenil, va a tener un defensor de jóven y juez de garantía de joven, es otro esquema paralelo al de los mayores”.

Lo que indica la ley, explica Meza, es que ahora habrá una serie de pericias para ver cuál es el contexto familiar de ese joven, qué es lo que ocurrió, y todo un proceso en el que la familia “va a estar en la mira”. Esta causa inicialmente se caratuló como abuso sexual simple, privación de la libertad y lesiones, pero en este proceso como en otros, la calificación puede cambiar en base a las pruebas que surjan.“La decisión vendrá después de las pericias y el delito que realmente le imputen porque se reordena y puede cambiar la carátula provisoria”.

La edad de imputabilidad es el límite a partir del cual los niños y adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia penal. El conflicto, más allá del delito en sí y la recuperación de la víctima, está relacionado con la edad del agresor, que -al ser menor- va a estar bajo otro régimen durante dos años, o lo que dure el proceso. “Si el juez considera que en la familia vive una situación de abandono, de vulnerabilidad u otros factores, ese joven -por ese delito- puede ir a un instituto, donde no se da necesariamente una “rehabilitación”, es una situación muy difícil”.

Por otra parte, explicó que la ley de promoción y protección integral de los derechos de los niños,
indica que “los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, pero a los dieciséis años los llama sujetos en formación, e indica que no tienen la compresión real de las consecuencias que pueden acarrear sus acciones, por eso es una línea muy fina”.

Si la situación procesal avanza, “va a ocurrir el juicio como si fuera un adulto, y si se halla culpable,durante los dieciséis y dieciocho años la condena se cumpliría en otro lugar, y el resto en la cárcel de adultos”.

En todos los casos, consideró que “el Estado no está presente para prevenir estas situaciones, tampoco para contener a las víctimas”. Aunque destacó que -en este caso- el protocolo se aplicó correctamente, y “pasó todo lo que tenía que pasar”.

Pero, una de sus preocupaciones, radica en quien interviene, brinda el informe y realiza el seguimiento del caso es el Servicio Local. “Son los mismos ojos que tendrían que haber estado monitoreando la situación desde que el denunciado era un niño”, dijo.

“Explicar a la víctima cuál es la situación de ese menor, es imposible, muy difícil. A nosotros nos queda acompañar, darle contención psicológica durante todo el proceso, sostenerla, para que pueda avanzar y sobre todo para que este caso no pase a la pila de abajo y continúe su curso hasta el día de la sentencia”, insistió Meza y aseguró que la clave está en “trabajar para que esto no siga ocurriendo, y ese adolescente no mejore la táctica, se pueda recuperar o entender la situación”.

"Hay que trabajar para que esto no siga ocurriendo"