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¡Buen provecho!

OPINIÓN / Por Gustavo Porfiri | 12 de enero de 2021

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Por estos días, uno de los temas recurrentes en las conversaciones pueblerinas tiene que ver con el costo del asado.  También con lo que cuesta llenar una bolsa con frutas y verduras. El asunto se torna muy grave pues estamos en la Argentina, una república con una capacidad de producir alimentos como pocas en el planeta, pero que encuentra serios problemas cuando hay que vociferar, cada mediodía, o cada cena: “¡A comer!”

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés (Food and Agriculture Organization), es un organismo con sede en la ciudad italiana de Roma que se propone erradicar el hambre en el mundo. Desde agosto de 2019, su director general es el chino Qu Dongyu. Sin embargo, los esfuerzos de don Qu, y de los demás señores de corbata que lo secundan, no alcanzan para desterrar el hambre en el mundo. Esto como marco general, ahora veamos qué nos pasa a los habitantes de estas pampas.

Números que no cierran

Un poco antes de entrar en cuarentena total por el coronavirus, en los primeros días de febrero de 2020, el representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, dijo, en declaraciones a Télam respecto de la situación alimentaria en nuestro país: "Es una situación muy preocupante. Estamos hablando de niveles de inseguridad alimentaria que son propios de naciones con un desarrollo muchísimo más bajo que los de la Argentina".  Luego, en tono de quien anuncia el descubrimiento de la pólvora, el funcionario manifestó: “La Argentina es un país donde hay alimentos de sobra. El problema es que hay mucha gente que no tiene el dinero para comprarlos".

De acuerdo a datos de la propia FAO de 2017, los últimos publicados, un 32 por ciento de la población argentina se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, una cifra muy alta comparada con 2015, cuando había solo un 19 por ciento en esta situación. ¿Cómo le explicaríamos a un alienígena recién bajado de su nave que en una nación donde abundan la tierra, el sol y el agua, elementos indispensables para producir comida, no es posible llenar adecuadamente la panza de todes?

Seguramente en la FAO tienen respuesta para esta pregunta crucial, de hecho, y pese a que la entidad no tiene actualmente un programa específico contra la malnutrición, esta agencia de la ONU sostiene cinco proyectos en el país, por un total de catorce millones de dólares. Se trata de programas destinados al desarrollo de una estrategia para el control de las especies exóticas, para la promoción de la energía derivada de la biomasa y de un enfoque ecosistémico de la pesca, la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, y para la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos. Ambiciones nobles, poca efectividad.

La respuesta autóctona

En la profundidad del mapa, donde se asientan comunidades que apuestan a la agroecología y a la soberanía alimentaria, encontramos a la madre del borrego.

En el invierno del año pasado, en la web del Centro de Estudios Legales y Sociales(Cels) fue publicado un documento elaborado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Allí se plantea: “La soberanía alimentaria es un programa que articula, desde hace más de veinticinco años, la propuesta de las organizaciones de la agricultura campesina y campesina-indígena para enfrentar el avance del capital financiero sobre la producción agrícola y la consecuente transformación de los alimentos en meras mercancías y commodities. La propuesta campesina se basa en que las formas de producción, distribución, comercialización y consumo de los alimentos deben priorizar el bien común y no la maximización de rentas”.

El documento nos ilustra sobre el programa de la soberanía alimentaria: “propone modos de vida, de producción y de consumo que no sean arrasadores y extractivistas. Reclama también el derecho a conocer el origen de lo que comemos y a acceder a alimentos de calidad a un precio razonable, relacionado con los costos de producción y no con la cotización internacional(¡da en el clavo con la cuestión del asado!). Y considera que las formas sustentables y estratégicas de producción no pueden atentar contra la ecología, el ambiente, ni los modos de vida de las comunidades”. La vida en comunidad, otro bien escaso por estos tiempos en nuestra República.

¡Es ahora, Alberto!

El reclamo hacia el primer mandatario tiene que ver con nuestro sistema presidencialista. Mejor sería si tuviéramos una democracia parlamentaria, mejor aún asamblearia, y no un esquema que todavía sostiene a la vetusta y honorable(y feudal) Cámara de Senadores. Porque si no, dependemos de que Alberto, o Fulana, o Sutano, tengan la capacidad suficiente para torcer el brazo del capitalismo extractivo y sus fieles representantes locales. Pero eso tiene que ver con otro tema que es la reforma urgente de nuestra Constitución, como lo ha logrado recientemente el pueblo chileno.

Volviendo al tema: la soberanía alimentaria necesita que el Estado y las políticas públicas protejan “los modos de vida y de producción campesinos-indígenas, que garanticen que las comunidades puedan permanecer en las tierras que habitan y que trabajan, sin hostigamiento ni amenazas de desalojos, y que fortalezcan el tejido organizativo y cooperativo”, como bien lo plantea la publicación antes citada, la que remata pidiendo “políticas activas que desconcentren el sistema agroalimentario y modelen la producción y la demanda las que pueden favorecer el acceso de todes a alimentos de buena calidad”. 

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