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  • viernes, 07 de mayo de 2021

ENTREVISTA

“Hay que poner el cuerpo y movilizarnos por la calidad del agua”

Por Santiago Muhape y Martina Dentella 

Carla Poth es politóloga, investigadora y docente del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Además, es activista en la Multisectorial contra el agronegocio – la 41, desde donde convocan a firmar y hacer propia una carta destinada a los consejos escolares de todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, exigiendo estudios integrales de agua (agrotóxicos, metales pesados y otros contaminantes) de todas las instituciones educativas. En diálogo con este medio, Poth asegura que las ordenanzas que protegen a las escuelas rurales “no solo son escasas sino que no se cumplen, no hay un sistema punitivo hacia quienes efectivamente las incumplen, y esto tiene que ver con la convivencia entre el poder político y el modelo de agronegocio. Por eso los municipios reculan al momento de tener que implementarlas”. 

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“Hay que poner el cuerpo y movilizarnos por la calidad del agua”

Dentro de la Multisectorial, retoman el interés y lo que en otros momentos históricos y otros territorios se estuvo trabajando sobre el agua de las escuelas para definir qué es lo que componen. “Todos los años los consejos escolares tienen la obligaciones de analizar el agua que van a consumir nuestros hijos e hijas, pero lo que hacen generalmente son estudios bacteriológicos, y lo que venimos trabajando desde las luchas ambientales es el hecho de que efectivamente, las dinámicas de contaminación ambiental a las que venimos siendo expuestos durante décadas, tienen efectos en el uso cotidiano”, explicó. 

En esa línea aseguró que hubo medidas judiciales en ese sentido y que desde distintas organizaciones se ha hecho un mapeo de escuelas fumigadas, para que se lleve adelante el análisis del contenido de agrotóxicos que tienen los tanques de agua en las escuelas, “dado que sabemos que sabemos que no solo existe la deriva de estos productos químicos sino la persistencia de estos productos químicos en aire, agua y suelo; y también metales pesados afectados porque hay muchas escuelas que están en cercanías de sectores industriales”, aclaró. 

La carta puede ser presentada a consejeros y consejeras escolares de los distintos distritos y aspiran a que a mediano plazo tenga expansión en toda la Provincia de Buenos Aires “para poder llevar adelante una acción mancomunada para resguardar el agua en todo el territorio”. 

Quién analiza 

En relación a los agentes autorizados para confiar este tipo de estudios, hay que pensar -según la investigadora- que “hoy hay dentro del sistema público de universidades y el sistema científico-tecnológico un montón de espacios que requieren de financiamiento pero que de hecho están llevando está práctica de análisis de agua de agrotóxicos y metales pesados, son espacios que pueden y deben canalizar este tipo de análisis, tienen legitimidad hacia dentro de las organizaciones que venimos luchando, y porque además son parte del sistema público, es parte de lo que debería financiar el Estado para la producción de conocimiento social”. 

De todas formas, Poth considera que “No alcanza con delegar el análisis del análisis del agua al sistema científico-público, creo que la forma en la que podemos garantizar desde la comunidad educativa el cumplimiento efectivo, es poniendo el cuerpo y movilizándonos por estas cuestiones. Buscando esos espacios legítimos, debatiendo públicamente el lugar de estos espacios de investigación, debemos ser -desde la comunidad- quienes desde la constante vigilancia para el cumplimiento de esta cuestión, podamos poner en agenda la necesidad de que se haga este tipo de análisis, y que no se hagan en cualquier lugar”. 

En la carta tipo para la exigencia del análisis del agua de las escuelas provinciales, se informa que en junio de 2020, en el distrito de Tandil un equipo de docentes y estudiantes universitarios tomaron muestras en quince escuelas rurales y se encontraron 16 químicos en el agua y en el suelo. Además, aseguran que en marzo del corriente año se detectaron glifosato y otros contaminantes en el agua de cuatro escuelas de Mar del Plata. 

“Hablamos del derecho a la salud de niños y niñas”

Con idéntico sistema productivo a lo largo y ancho de la Provincia, se puede pensar que la misma problemática alcanza al resto de los Municipios. “Es la conclusión a la que vamos llegando, por eso la necesidad de exigir los análisis, además, venimos realizando mapeos de las escuelas fumigadas, efectivamente lo que hacemos es plasmar que la Provincia de Buenos Aires tiene una dinámica de producción hegemónica asociada al monocultivo del agronegocio con uso de agrotóxicos, y que en el medio de esos espacios geográficos fumigados con una enorme batería de productos tóxicos encontramos escuelas rurales pero también encontramos pueblos cuyas escuelas son consideradas urbanas y que también están expuestos a la deriva de esos agrotóxicos, eso nos obliga a plantearnos la hipótesis de que esas escuelas están expuestas a la contaminación del aire, del suelo y del agua, por eso debemos hacer pública y con datos fehacientes esa investigación, estamos hablando del derecho a la salud de docentes, no docentes, niños y niñas”. 

“Las pocas ordenanzas que existen no se implementan”

Respecto a las ordenanzas municipales que avalan o restringen las aplicaciones a cierta distancia de cascos urbanos, zonas semirurales e instituciones educativas rurales, Poth asegura que “algunas ordenanzas efectivamente responden a la necesidad de proteger, pero son muy pocos los distritos que promueven los más de mil metros de distancia, hoy hablamos de derivas terrestres de más de 1500 metros y aéreas de más de tres mil metros o más. Las ordenanzas que suponen los mil quinientos metros o más, recién ahí empiezan a ser ordenanzas que efectivamente resguardan el agua y la salud humana, y hay una necesidad de seguir discutiendo, para que crezca esa distancia”. 

Para Poth, las “buenas prácticas agrícolas” que intentan instalar los municipios para la autorregulación “son absolutamente inexistentes, el sistema del agronegocio ha demostrado ser dependiente del uso de agrotóxicos y no de menos sino de cada vez más. El uso de las semillas transgénicas, ubicadas en el corazón de este sistema, obligan a los productores agropecuarios a utilizar cada vez más agrotóxicos. Las buenas prácticas no son reales”. 

“Estas ordenanzas no solo son escasas en la provincia sino que no se cumplen, no hay un sistema punitivo hacia quienes efectivamente incumplen estas ordenanzas para que tengan vigencia, y esto tiene que ver con la convivencia entre el poder político y el modelo de agronegocio. Los municipios reculan al momento de tener que implementar las ordenanzas, cuando existen, porque eso implica una reducción en las ganancias y un problema con sus convivientes, que son los que los sostienen económica y políticamente en el poder”.