15:39 h. Domingo, 15 de diciembre de 2019

Tres detenidos por fumigar

Tres personas fueron detenidas en la vecina ciudad de Pergamino acusadas de no respetar los límites que establece la ordenanza municipal para el uso de productos fitosanitarios. La medida fue ordenada por el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, y se procedió a la detención del dueño de un campo ubicado en la localidad de Juan A. de la Peña, Partido de Pergamino, un ingeniero agrónomo y el operario del pulverizador “mosquito” que se utilizó para la aplicación. Este nuevo episodio se sumará a la causa en la que el magistrado investiga la contaminación de tres barrios periféricos de esa ciudad, hechos denunciados por Sabrina Ortiz, abogada ambientalista, que junto a su esposo e hijos sufren “daño genético” derivado de los efectos contaminantes de la fumigación en campos vecinos a su hogar.

AGROTÓXICOS  |  21 de noviembre de 2019 (08:32 h.)
Más acciones:

El titular de un establecimiento rural, un ingeniero agrónomo y un aplicador fueron detenidos en Pergamino por orden del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de violar los límites impuestos por la Justicia para aplicar agroquímicos.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la detención se dio tras la denuncia de algunos vecinos que comprobaron cómo en este campo se pulverizaba en zonas de exclusión consideradas en la normativa comunal. La policía bonaerense, por orden del magistrado detuvo entonces al dueño del establecimiento rural, ubicado en la localidad de Juan A. de la Peña, en Pergamino, un ingeniero agrónomo y el operario del “mosquito” que se usa para aplicar los agroquímicos.

Aunque hay secreto de sumario, Infobae pudo confirmar que los implicados serán indagados el jueves por el juez Villafuerte Ruzo y el fiscal federal Matías Di Lello.

Este hecho se integra a la causa en la que el magistrado investiga la contaminación en tres barrios de Pergamino (Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida) denunciados por Sabrina Ortiz, quien sufre daño genético -igual que su esposo y sus hijos- por haber estado expuesta a las fumigaciones en un campo ubicado frente a su casa.

Para esas zonas, Villafuerte Ruzo dispuso recientemente una restricción para fumigar a 1.065 metros del ejido urbano. Si bien Juan A. de la Peña no entró en ese fallo, sí lo comprende la normativa municipal, sancionada en diciembre de 2014.

La ordenanza

En lo legislado se indica que la “zona de exclusión” es aquella donde no se autoriza ningún tipo de pulverización y está formada por los primeros cien metros, desde el límite de la zona urbana, y a continuación sigue la “zona de amortiguamiento” que cuenta con un ancho de quinientos metros. Es decir, que la suma de ambas zonas hacen un total de seiscientos metros desde el límite de la zona urbana. Ese es el límite que los tres detenidos no respetaron.

Antecedentes

A fines de octubre, el juez procesó a los empresarios agropecuarios Fernando E. Cortese, Mario R. Roces y Víctor H. Tiribo por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos en forma continuada al menos desde 2011 en adelante.

De ser hallados culpables, los productores rurales podrían recibir una pena de entre tres y diez años de prisión por envenenar, adulterar o contaminar “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, según dicta el Código Penal. Además, el magistrado decretó un embargo de tres millones de pesos para cada uno de ellos. A diferencia de los tres hombres detenidos ahora, ellos están en libertad.

En el fallo donde dictó el procesamiento, Villafuerte Ruzo hizo foco en la cuestión humana, en una zona donde abundan los casos de cáncer, tiroides, asma y enfermedades de la piel. “Los elementos utilizados por los imputados, además de estar contenidos en la legislación que establece el régimen para los desechos peligrosos, poseen entidad suficiente para provocar un daño a la salud de las personas”, remarcó.

El magistrado destacó que, lejos de no saber lo que hacían, los imputados conocían “las acciones desplegadas, con total y absoluto dominio de los hechos, asícomo también la voluntad de sostener cada uno de estos elementos en la continuidad de las acciones delictuales”. Es decir que, para el juez, los productores sabían que podían afectar a los vecinos de los barrios linderos y no les importó.

La doctora en Ciencias Biológicas Delia Aiassa, confirmó que tanto Ortiz como su esposo, Sergio Barbieri, y sus hijos Ciro y Fiamma, padecen un “daño genético” en sus células producto del contacto permanente con estos productos.

 

Quién es Sabrina Ortiz

En el año 2011, Sabrina ya había hecho varias denuncias. Vivía en zona urbana y en un predio frente a su casa sembraban soja, que fumigaban con mosquito y avioneta. Sabrina cursaba el quinto mes de embarazo de gestación, cuando se intoxicó a partir de una fumigación y perdió su embarazo. Ahí comenzó su recorrido por distintas dependencias estatales para ver qué acciones podía tomar: Municipio, Fiscalía, Concejo Deliberante. No tuvo ninguna respuesta. 

En el año 2017 empezó a juntarse con la gente del barrio. Cada caso por sí solo no les decía nada, pero poniendo en debate las afecciones que ellas y sus hijos padecían, empezaron a notar que se repetían los brotes en la piel de los niños cada vez que se fumigaba, se les desprendía la piel, tenían problemas respiratorios, se les inflamaba el cuerpo. 

Luego de varias consultas por la salud de sus hijos y una falta de diagnóstico, la derivaron a infectología del Hospital Austral, donde detectaron que su hijo tenía en sangre 120 veces más glifosato de lo que su cuerpo puede tolerar, y su hija 100 veces más. 

“Nos encontrábamos en una situación desesperante, porque las aplicaciones no cesaban, estábamos expuestos y los médicos nos decían que los chicos no podían vivir más ahí, estaban muy afectados, habían pasado por tratamientos quimioterápicos los dos, era desgarrador, porque no teníamos los medios para irnos del lugar, nos tuvimos que ir de la línea de fuego para preservar su salud, cerramos los ojos y nos fuimos del lugar”. 

Después de publicar los resultados de sus hijos no tuvo ninguna respuesta de la Secretaría de Salud , ni de ninguna entidad que corresponda al Municipio, “Es más, me cerraron las puertas, y el director de salud dijo que los análisis eran truchos, fue terrible para nosotros”. En ese momento las mujeres del barrio empiezan a prestar atención a los síntomas de ellas y sus hijos, y a notar que les pasaba lo mismo que Sabrina describía. Empezaron a juntarse y no se separaron más, “Encontramos gente que estaba pasando por una situación muy crítica respecto a la salud de sus hijos y de hecho hay algunas que los han perdido por leucemia o otras enfermedades”. 

Para sorpresa de Sabrina, el juez Carlos Villafuerte Ruzzo inmediatamente empezó a hablar del impacto a la salud de las personas en cercanía o exposición a los agroquímicos, y se metió en el corazón del sistema productivo. Analizó el agua, la tierra, y la salud de las personas, investigó en los campos con cadenas de custodia. Sabrina, a la cabeza de Madres de Barrios Fumigados, consiguió un nuevo fallo judicial de restricción para realizar fumigaciones, que luego fue ampliado. La cautelar prohíbe las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos a menos de 3 kms y 1095 metros respectivamente desde el límite de toda la planta urbana.