17:44 h. Domingo, 26 de enero de 2020

Patearla para arriba

Por Alejo Dentella

La discusión del gasto de la política como disparador del manejo de los fondos públicos.Los concejales prefieren hablar de congelar y no de reducir sus dietas. La corrupción que se declama y no se investiga dentro de los principios del estado de derecho. Cuatro concejales dieron sus puntos de vista esta semana. El intendente radical de Rosario acordó con la oposición y se redujeron los ingresos un 30 por ciento.Defender la democracia es dar el ejemplo para luego pedirle a los que mas tienen. Un debate que recién empieza pero no se puede postergar. 

OPINIÓN  |  30 de diciembre de 2019 (09:03 h.)
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En medio de la profunda crisis económica y financiera que atraviesa el Estado argentino en todos sus estamentos, es medular analizar cómo, cuánto y en qué gasta cada gobierno los recursos disponibles. Antes de seguir, vale resaltar una vez más, que la democracia nos permitió consolidar para siempre el sistema del voto popular y la posibilidad constitucional de elegir y ser elegidos. También avanzamos, y mucho, en el logro de derechos de nueva generación que se ajustan a los vertiginosos cambios sociales y culturales. Pero está claro que la gran deuda es justamente aquel sueño de Raúl Alfonsín, cuando a principio de los ‘80 planteaba que con la democracia se come, se cura y  se educa. Treinta y seis años ininterrumpidos de ejercicio democrático y cada cuatro, ocho, diez o doce años, la discusion de politicos de peluquería es cuántos pobres más o menos dejaron al final de su gestión. Hay matices y muchos, pero no es motivo de esta nota. El mundo y América Latina en particular, expresan que la paciencia de los marginados, desposeídos, expulsados o como se los quiera llamar, ha llegado al límite. Nuestra dirigencia política debe hacerse cargo de la responsabilidad histórica de encontrar el camino. Hasta acá han sido, junto a los grandes empresarios y sindicalistas, los únicos privilegiados del sistema. Ostentaciones obscenas de fortuna, hasta mejoras domésticas de clase media aburguesada, son la mejor foto que dejan con el acceso al sueldo del Estado. En todos los casos, la democracia, la política y la representación popular la vamos a defender con uñas y dientes como hicimos hasta ahora.

Un ejemplo para tener en cuenta

En la edición del día viernes publicamos en la página dos de este diario, interrogamos a los concejales Lisandro Herrera, Mario Dicundo, Marcos Peralta y Martín Carnaghi. Básicamente la idea era conocer sus puntos de vista sobre la necesidad de hacer ajustes en el gasto político. (Remitimos a ver nota completa “Entre el congelamiento y la necesidad de un ajuste como señal”) En principio, como mínimo, es un tema que los incomoda. En promedio manifiestan la intención de estar dispuestos a poner el hombro. Ninguno arriesgó la posibilidad concretar de reducir sus dietas especificando montos, porcentajes o tiempo de reducción. Pareciera que el congelamiento semestral es lo que mejor les calza. Se quedan cortos, la patean para arriba. Vale recordar que los concejales cobran el máximo de la escala prevista por la Ley Orgánica de Municipalidades. Un ejemplo de la últimas horas, en la ciudad de Rosario, el intendente radical Pablo Javkin, con el acompañamiento de peronistas, de Juntos por el Cambio y la izquierda, lograron que los concejales se reduzcan un 30 por ciento sus dietas. 

“El problema es la corrupción”

El experimentado concejal de Juntos por el Cambio, Mario Dicundo, fue quien mas énfasis puso en remarcar que el gasto de la política no está vinculado a los sueldos de funcionarios o cargos electivos. Dicundo asegura que el problema de la falta de recursos del Estado está vinculado a lo que se escurre por la canaleta de la corrupción. Vale recordar que, durante una tramo de la gestión de Darío Golía como intendente, Dicundo ocupó una banca por la entonces minoritaria UCR. Apenas llegó Víctor Aiola al gobierno y en línea con lo predicado por la gestión Macrilandia, Juntos por el Cambio anunció que en Chacabuco iban a investigar los doce años de gobiernos peronistas que los había precedido. Vino a nuestra ciudad el ahora fallecido Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, formaron una comisión que encabezaba Maximiliano Felice, y hasta anduvieron de madrugada revolviendo los sótanos municipales. Por ese entonces, Dicundo fue dos años el segundo del Dr. Mariano Camera en la Secretaría de Gobierno Municipal. Después de cuatro años no hay ningún expediente judicial que haya obligado a que algún funcionario de esas tres gestiones justicialistas se den una vuelta por tribunales. Quien escribe, no tiene dudas del problema estructural de la corrupción del estado, que lo atraviesa desde su propio nacimiento, y que aun perdura por encubrimientos recíprocos a cambio de refugios en suntuosos sillones de organismos públicos, provinciales y nacionales. Desenredar esa madeja y meter el cuchillo hasta el hueso dentro del Estado de Derecho y con garantías del debido proceso legal, es otra materia pendiente del gobierno al que pertenece el concejal radical. También Martín Carnaghi (Unidad Ciudadana) ensayó su respuesta haciendo hincapié en la impericia del ejecutivo en el manejo de la cosa pública y la corrupción. Puntualmente se refirió a la construcción de la tercera ala del Hospital y las 132 viviendas que se encuentran en inicio de ejecución.  

Algo es algo

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Herrera y el jefe del bloque del PJ, Marcos Peralta, dejaron entrever la necesidad de revisar el gasto de la política bajo determinadas condiciones. Herrera reconoció lisa y llanamente que los recursos que se gastan en el ejercicio de representación popular suelen ser obscenos en momentos tan difíciles para el vecino y arriesgó un concepto superador “la política debe ser rentada, pero antes que nada es una vocación y por lo tanto no puede estar condicionada a la retribución económica, nadie nos obliga a estar en esto”. Peralta habló de que es posible hacer ajustes en los ingresos de los concejales si en paralelo igual criterio se utiliza en otros rubros del Presupuesto de Gastos y Recursos y en tanto se direccionen los ahorros a cuestiones sociales imprescindibles, previo debate entre oficialismo y oposición.

Al pan …... galleta

En definitiva y más allá de los matices, la clase política no está dispuesta a expresar el digno gesto de reducir privilegios o realizar esfuerzos que al menos sirvan como testimonio ejemplificador para enfrentar los desafíos del momento. La emergencia económica y financiera está declarada en los tres estamentos del Estado. Mientras tanto, un legislador de la provincia de Buenos Aires le cuesta a los ciudadanos 65 millones de pesos al año. La legislatura bonaerense tiene un presupuesto de nueve mil millones de pesos. Los sueldos son la contraprestacion al cumplimineto de una tarea determinada. La dirigencia defiende con uñas y dientes sus ingresos. No está mal que así sea. El problema es que en treinta seis años ininterrumpidos de ejercicio democrático, los servidores públicos, sin distinción de colores partidarios no han sabido gobernar en beneficio de las mayorías. Todavía podemos ganar tiempo con conductas ejemplificadoras. Alberto Fernández, Axel Kicillof y Víctor Aiola reclaman nuevos sacrificios. Es hora del sacrificio de los políticos.

 

P/D. En las proximas ediciones intentaremos abordar la misma cuestión a partir de conversaciones con funcionarios del poder ejecutivo y judicial de nuestra ciudad.      

 

Empezamos por casa

Básicamente el Estado gasta sus recursos en el pago de sus empleados, en la contratación de bienes y servicios (se entiende a la salud dentro de este genérico), y en obras públicas cuando sobra algún remanente. Está enumeracion no es taxativa, solo sirve para dar pie a la cuestión que nos ocupa aca. Antes de referirnos al “gasto de la política” voy aclarar una vez más la vinculación de este diario con el Estado. Dentro de la contratación de bienes y servicios, hay recursos destinados a publicitar actos de gobierno. En esta etapa, deberá decidir el ejecutivo municipal, la necesidad o no, de reducir o suspender la contratación de pauta publicitaria y/o ajustar los importes que se pagan por las mismas. Además y como todo acto de gobierno, tiene la obligación de informar las partidas que se utilizan para la pauta oficial a través de diferentes medios de comunicación. Filtrar datos referidos a estas cuestiones, son chiquilinadas de punteros baratos que exponen a empleados, trolls de turno  y responsabilizan al propio gobierno en tanto no aclare cómo una ciudadana accede a documentos de la administración pública.