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  • sábado, 19 de septiembre de 2020

Nos debemos una nueva ley

La reciente discusión planteada a partir del decreto 735/20, mediante el cual el gobierno nacional decide redireccionar recursos propios de Nación desde la Capital Federal a la provincia de Buenos Aires revivió el debate sobre Ley de Coparticipación Federal nº 23548, sancionada con carácter transitorio en 1988, transitoriedad que lleva más de 30 años. Luego llego la reforma constitucional del año 1994 y el compromiso (nunca cumplido) de una nueva legislación cuyo plazo venció en 1996

Por Alfonso Puey- (CPN-UBA)

Nos debemos una nueva ley

¿En qué consiste la coparticipación?

Básicamente, se trata de la coordinación de la distribución del producido de ciertos impuestos (Ganancias e IVA principalmente) recaudados por la Nación, quien retiene un porcentaje y redistribuye el resto entre las provincias conforme la ley sancionada en 1988.

Para poner un poco de números, el 42.34% se lo queda Nación, 54.66% las provincias adheridas (no está CABA), un 2% se distribuye automáticamente para el recupero del nivel relativo de 4 provincias (Bs As, Chubut, Neuquén y Santa Cruz) y un 1% a un Fondo que sirve para atender situaciones de emergencias y desequilibrios financieros de provincia.

Manejos discrecionales

Sin hacer una valoración de lo que es justo o injusto, la medida tomada por Alberto Fernández mediante el Decreto 735/20 va en la misma dirección a la que  tomo Mauricio Macri cuando aumento del 1.4% al 3.75% (reducido posteriormente al 3.5%) lo que Nación desde sus fondos le entregaba a CABA. Esa medida tomada en 2016, se excusó en el traspaso de la policía federal. Si la Corte Suprema se definiera por la inconstitucionalidad del actual Decreto, lo mismo debería hacer respecto al anterior, ya que, la inconstitucionalidad planteada por la Capital radica en que estos actos se deben realizar por Ley y no por Decreto.

Las medidas tomadas por ambos gobiernos, deja a las claras  la necesidad política de cumplir el compromiso de una nueva ley de coparticipación para que las nuevas reglas “objetivas” ayuden a ordenar también la forma en que se relacionan políticamente los lideres nacionales y provinciales, hoy condicionada por el manejo discrecional de recursos.

En deuda con la constitución.

La Constitución Nacional de 1994 estableció el año 1996 como fecha límite para la creación de un régimen de coparticipación federal con criterios objetivos de reparto,mandato y objetivo nunca cumplido.

La evidencia de la clara desactualización del régimen de coparticipación es que la ciudad no está incluida dentro del mismo, ya que, al momento de sanción de la ley en trato, capital no existía como Ciudad Autónoma.

En el artículo 8 de la ley 23548, se establece que de la masa coparticipable que le corresponde a Nación, debe entregar un porcentaje a CABA y que el mismo podrá variar pero nunca podrá ser inferior a un piso establecido. Por lo tanto, en este momento Nación no le está sacando recursos al Estado porteño, sino que recupera recursos que le pertenecen al propio Estado Nacional. Sin dudas que el objetivo ideal, manda a cumplir el viejo compromiso de la reforma constitucional de 1994 que redefina un nuevo esquema de distribución de fondos para que el mismo no quede a expensas de la decisión del gobierno central de turno. 

De cualquier modo y los efectos del actual debate, el inciso 2 del artículo 75 de la C.N. establece que el reparto entre la Nación, las provincias y la Capital federal “…será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. 

No hemos hablado de los porcentajes que dentro de ese 54.66% le corresponde a cada provincia, pero a la vista está que lo que recibe a la provincia de Buenos Aires no es suficiente para garantizar ese mandato constitucional.

Argumentos de la capital 

Frente a la medida, se objeta que no se premian las buenas gestiones y que varias provincias no hicieron un uso eficiente de los recursos como corresponde. También se discute lo intempestivo de la decisión, para lo cual se torna válido y razonable el argumento de la imprevista situación de emergencia que agrava la situación preexistente.

Frente al primer planteo, se puede reconocer que CABA ha podido consolidar un manejo mas eficiente de recursos. Pero también es necesario poner en contexto histórico el punto de partida de la capital federal en tiempos de nuestra conformación definitiva como nación. Sin dudas ahí anidan, los grandes desfasajes estructurales, las desigualdades económicas, sociales, culturales, demográficas. Si fuéramos capaces de saldar, tan solo en parte, esa inequidad, de inmediato podríamos valorar, las buenas o malas gestiones que también existen y establecer un sistema adicional de repartos que fomente la buena gestión de las provincias. 

¿Nuevo régimen de coparticipación?

La dificultad de un nuevo régimen de coparticipación reside en la mayoría especial que se requiere del Congreso y que una nueva ley necesita después de la aprobación de todas las provincias y de la ratificación de  cada una de sus legislaturas. Pero ademas, sin la profundización de un debate de fondo, la cuestión terminará en discutir a quien le sacamos y a quien le sumamos. En ese contexto, ¿Qué provincia avalaría una quita de recursos? o ¿Debería el estado nacional resignar ingresos para poder ,de una vez por todas, cumplir el mandato constitucional y la obligación moral de solidaridad que permita achicar las brechas socioeconómicas entre los argentinos?