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  • martes, 02 de marzo de 2021

Sin marcha, pero con memoria

Por segundo año consecutivo, las banderas no estarán ondeando en las calles, en la emblemática Plaza de Mayo los tambores no sonarán, los discursos de las y los referentes de los organismos de Derechos Humanos argentinos no retumbarán con sus frases esclarecedoras. Sin embargo, la consigna “Nunca más” y el reclamo de memoria, verdad y justicia volverán a tomar relieve en diferentes formatos virtuales. En ese marco, aún hay veinticinco acusados de crímenes de lesa humanidad que están prófugos.

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Sin marcha, pero con memoria

El 24 de marzo es una de las fechas más significativas en nuestra república. Este año, como ocurrió en 2020, la crisis sanitaria anula la posibilidad de la expresión callejera. Sin embargo, a pesar de este escenario enrarecido, los organismos de Derechos Humanos no bajan la intensidad de su lucha, que debería ser parte de la cotidianeidad, de la individualidad, de la agenda de cada integrante del pueblo argentino, aunque a muchos les hayan puesto en el marote la idea del “curro” de la cuestión. 

A cuarenta y cinco años del último golpe cívico-militar en nuestro país, hay veinticinco protagonistas de la última dictadura(1976-1983) que secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron a personas, se apropiaron de menores de edad, y que están prófugos, escapados de la justicia.

Los delitos se cometieron hace más de cuatro décadas, pero sus protagonistas siguen siendo juzgados gracias a que los hechos han sido considerados imprescriptibles. Este es un logro mayúsculo de la lucha por la memoria, la verdad, y la justicia.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal dio a conocer los nombres de los exmiembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las fuerzas de seguridad y civiles que son buscados para comparecer en el banquillo de los acusados, para que tengan derecho a defensa en un juicio justo y para que, finalmente, los magistrados decidan sobre sus responsabilidades. Pero tienen tanta maldad e indignidad en sus almas que siguen escapando, imposibilitando el cierre de una de las etapas más tristes de nuestra historia.

El organismo público explicó en un comunicado que las preguntas acerca del rumbo del proceso de verdad y justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado siguen teniendo eje en el destino de las y los desaparecidos, y las y los niños robados, así como en la profundización de diferentes aspectos relacionados con todos los delitos cometidos. "La continuidad de esa búsqueda incluye la necesidad de localizar a presuntos responsables que deben rendir cuentas ante el Poder Judicial. Los prófugos que buscan diferentes juzgados y fiscalías federales del país por crímenes de lesa humanidad son veinticinco en total, las personas que puedan suministrar datos deben comunicarse a la línea telefónica gratuita 134", señaló la institución.

El tiempo juega a favor de las bestias

La pandemia también colaboró para que el ritmo de los procesos judiciales bajara casi a cero. Primero fue la suspensión total de los procesos orales durante más dos meses y luego, su reanudación progresiva pero de forma remota o virtual. La Secretaría de Derechos Humanos colaboró poniendo a disposición nuevos protocolos de actuación, que aseguren los derechos de las y los testigos víctimas durante el ASPO y DISPO, y la prosecución y el fortalecimiento institucional de los juicios.

Según Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, esta demora procesal “impide que las víctimas del terrorismo de Estado obtengan respuesta a sus reclamos”. Para el funcionario, se consolida así la llamada “impunidad biológica". “El paso del tiempo, que conlleva el envejecimiento y el fallecimiento de los represores, imposibilita que éstos sean sometidos a juicio”, explica Pietragalla, y añade: “por otra parte, el porcentaje de testigos víctimas que fallecen antes de poder declarar en los debates orales sigue aumentando año tras año”.

¿Quiénes son?

De acuerdo con la información oficial, las causas de los prófugos se tramitan en diez jurisdicciones del país. En Rosario, el Juzgado Federal número 4 ordenó las capturas de los expolicías César Heriberto Peralta y Antonio Tuttolomundo; los civiles Carlos Gabriel Jesús Isach y Eduardo Rebechi, y los exmiembros del Ejército Miguel Ángel Vera y Gustavo Francisco Bueno.

Por otra parte, juzgados de Mendoza buscan a los exmiembros del Ejército Jorge Gallo Linares, Alberto Horacio Silva Julita, José Luis Piedra y Héctor Adán Giménez y al expolicía Alejandro Vicente Michelutti.

En Bahía Blanca son buscados los exintegrantes del Ejército Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno, mientras que en La Plata la orden es para el ex miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense Jorge Luis García y el expolicía federal Emilio Alberto Rimoldi Fraga; y en Mar del Plata para los ex integrantes de la Armada Horacio González Llanos y Luis Esteban Kyburg.

Los otros prófugos son el civil Fernando Federico Delgado, en San Juan; y los exmiembros del Ejército Oscar Chapur (Salta); Héctor Mario Schwab (Tucumán) y Ángel Ervino Spada en la provincia de Formosa.

Por último, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay orden de captura por el expolicía federal Juan Carlos Linarez; el ex miembro de la Armada Jorge Vildoza; y el exmiembro de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

Estos responsables de crímenes de lesa humanidad tienen todavía la oportunidad de mostrar un mínimo de genomas humanos en su conformación y presentarse ante el Poder Judicial. Mientras tanto, la búsqueda debe continuar, es un deber irrenunciable de todo el pueblo argentino.