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  • domingo, 12 de julio de 2020

“Se busca confundir metiendo la cuestión ideológica”

Julián Domínguez fue Ministro de Agricultura luego del enfrentamiento entre el gobierno y el campo que terminó con la conocida ley 125. Durante su gestión logró recomponer el diálogo con los pequeños y medianos productores, muchos de ellos asociados al sistema cooperativista. Ahora que  Alberto Fernández deberá avanzar en la resolución del caso Vicentín, Domínguez asegura que “el gobierno no busca meterse con la rentabilidad del sector sino salir a rescatar una empresa que es protagonista del mercado de granos y que ademas le debe a los productores y al estado”. 

 

“Se busca confundir metiendo la cuestión ideológica”

El exministro de agricultura Julián Domínguez, defiende la posibilidad de que se avance en el camino constitucional de la expropiación de Vicentin. En está entrevista exclusiva con Cuatro Palabras  aclara, “por ahora no se habló de expropiación sino que lo que está vigente es un DNU de intervención para garantizar la viabilidad de la empresa como importante actora nacional en el mercado” y agrega “se busca confundir al productor metiendo la cuestión ideológica”.

¿Cuál es tu mirada respecto a la intervención del gobierno nacional?

Vicentín es una firma nacional que tiene la planta procesadora de soja con mayor capacidad de almacenaje a nivel global. En la exportación de aceite de soja, tiene una participación muy importante en el mercado. Podemos decir que ocupa el 10% en general del comercio de grano. Vicentín opera como un banco que todo el tiempo recibe cereales de los productores que le entregan. La medida que más lo perjudica a Vicentín es la del gobierno de Macri, cuando se iguala la exportación del poroto de soja con los productos elaborados con valor agregado. Eso le generó un serio desbalance  y perjudicó la rentabilidad que históricamente tenía la empresa. 

Desde Cambiemos apuntan que el triunfo de Fernández en las PASO afectó a Vicentín  

Cuando se conoce el triunfo de Alberto Fernández, la gente salió a liquidar, porque se sabía que iba a haber una corrección en el tema de las retenciones, con lo cual se había entregado materia prima y había fijado al año siguiente y no tenía la plata para cubrir a los productores la entrega de la cosecha. El 4 de diciembre, cuando el Banco Nación dejó de proveerle anticipos de financiación por exportación, comenzó a verse reflejada la crisis. Pero agravado con un hecho, la empresa socia de Vicentín, y la sociedad Renova había vendido el 33% de sus capitales en negro. Por lo tanto, en un comercio tan importante, una empresa multinacional había declarado la cesación de pagos y al mismo tiempo vende sus acciones a una multinacional. 

¿Cuáles son las consecuencias para la economía y para la banca pública?

Más de dos mil seiscientos productores sin poder cobrar la cosecha. Los bancos públicos, sin poder cobrar sus acreencias por el orden de los 300 millones de dólares. Y la desnacionalización de la principal empresa procesadora de aceite de soja en manos de Glencore. 

Por todas las conversaciones preexistentes, el gobierno entendió que debería asociarse a YPF, que ocupa también el 10% del mercado en la venta de productos y de granos. De esta manera, y los productores de Chacabuco lo pueden decir, YPF intercambia la toma de productos del campo, aceite, maíz, soja, trigo, contra combustible. Esto le permite liquidar en el momento que sea oportuno. Lo que siempre se pensó (lo pensó el propio Vicentín) fue una alianza estratégica entre Vicentín e YPF, de manera tal que permitiría contener en manos nacionales el comercio de granos y procesamiento de aceite. 

Todo esto amerita que el Estado entienda que en un tema estratégico como es la producción alimentaria para la Argentina, haya un principio de utilidad pública. Al dejar de funcionar, la empresa causó un trastorno en la operación nacional de granos y el gobierno entendió que hay una causa de utilidad pública, y en el marco de las facultades constitucionales realiza el decreto de necesidad y urgencia. 

¿Por qué se discute la constitucionalidad del decreto?

Lo primero que hay que decirle a la sociedad es que estamos discutiendo un decreto de intervención por un plazo de sesenta días. Todavía el proyecto de ley de expropiación no está en discusión. 

Para quienes hablan de la inconstitucionalidad del decreto, recordamos que Argentina tiene una pirámide del ordenamiento jurídico, está la Constitución junto con los tratados internacionales de rango constitucional, después sigue la ley, después el decreto de necesidad y urgencia. Éste se convierte en ley cuando el Ejecutivo lo eleva al parlamento, por lo tanto, el decreto está por sobre una resolución judicial. Cuando uno analiza la constitucionalidad y la pirámide del ordenamiento jurídico, el DNU está por sobre una sentencia. 

¿Cuál es la intención del Estado nacional?

Se pretende rescatar una empresa tan importante y evitar que quede en manos transnacionales, ese es el objetivo central, y la sociedad está discutiendo desde la política o la ideología, no desde el derecho o las facultades constitucionales. 

Después discutimos si nos gusta la figura de la expropiación, lo que no podemos decir es que no es constitucional o que no se actuó en el marco de la ley. 

En el medio del decreto de intervención, el presidente abrió una instancia de diálogo para ver si se podía evitar ir por una ley, y eso demuestra capacidad de diálogo. Se juntó con los dueños de la empresa, la respuesta fue por la negativa, y construyeron de esto un hecho político. Metimos toda la ideología en discusión. 

 

¿Te parece que puede haber riesgo de repetir lo de la famosa 125?

En aquel momento, el Estado iba a captar una rentabilidad de los productores, en este momento el Estado se hace cargo de un muerto que deja una empresa que no cumple ni con los productores ni con la banca pública, y deja en crisis a todo el sistema agroalimentario argentino. Son situaciones absolutamente diferentes. Esta maniobra asegura a los productores que van a cobrar. 

¿Es una cuestión de propiedad privada o colectiva?

Ninguna de las dos. La expropiación -lo dice Juan Bautista Alberdi en la reforma de la Constitución- es un instrumento para proteger la propiedad privada, para garantizar mediante una ley, a un precio justo, que a los particulares se les garantice el respeto de la propiedad. 

A quienes hablan de avasallamiento de la propiedad privada, habría que recomendarles que hagan un examen constitucional técnico, que vean el origen de la figura de la expropiación y se van a dar cuenta que es un derecho de los ciudadanos para proteger la propiedad privada. No se trata de un bien público, se trata de utilidad pública. Se trata del bien común, de sumatoria de los bienes que garantizan al interés de una sociedad. 

¿Cómo creés que se va a ir resolviendo este caso?

Para el beneficio de los productores, lo conveniente sería una sociedad en la cual participe YPF, porque les paga un mango más a los productores, y a las procesadoras de aceite, permite liquidar en el momento en el que el Estado necesita. De hecho, en la etapa Macri, YPF agro creció de un 5% a un 10% la participación en el negocio por esta necesidad de disponer de la política cambiaria, y está bien que el Estado declare la necesidad ese rol para cumplir con la deuda que por otro lado la contrajo el gobierno anterior sin la aprobación del congreso de la nación, esa es otra discusión constitucional. 

Respecto de la evolución, el gran interrogante es, los fondos que se endeudaron con la banca pública que vendieron el 33% de las acciones los días previos de la cesación de pagos a Glencore, esos fondos, ¿dónde están?. ¿Es plata que se fugó?. Si es así estamos ante un serio problema de vaciamiento y fuga de divisas. Yo no lo puedo saber, no lo conozco, pero es una posibilidad. 

Lo otro, es cómo hacemos frente a la deuda con los productores, y quién se hace cargo de la deuda con el banco Provincia, Nación, y el de Santa Fe, que manejan plata de los argentinos.