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  • sábado, 17 de abril de 2021

Los grises, los límites difusos y los que “sobran”

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Los grises, los límites difusos y los que “sobran”

A las seis de la mañana, los vecinos de lo que hace algunos años se denominaba “Chacabuco Chico” se despertaron con los zumbidos de una avioneta. A veces suele pasar por encima de los techos, pero siempre de ida o regreso al Aeroclub. Esta vez zumbaba, tomaba vuelo y descendía a pocos metros de las casas y el sonido llegaba con mucha nitidez.

Una vecina de la zona supo señalar el lugar exacto donde se realizaron las fumigaciones, a pocos metros de las casas de varias familias que incluyen ancianos, adultos, adolescentes y niños. 

En todas las ciudades del interior que conforman la pampa húmeda -más allá y más acá también- convivimos con el glifosato. Y los límites entre el espacio rural y el urbano son muy difusos.  Lo cierto, es que la ciudadanía ha tomado un camino de conciencia que implica conocer los estragos en la salud de la comunidad. 

 

Un caso testigo

Horas antes de perder su segundo embarazo, Sabrina Ortiz sintió contracciones muy fuertes. Ese día habían pulverizado la tierra ubicada frente a su casa, en Pergamino. Las fosas nasales le quemaban, y también la garganta. Tuvo vómitos y mareos y horas más tarde perdió a su hijo de cinco meses de gestación. 

Luego de varias consultas por la salud de sus hijos y una falta de diagnóstico, la derivaron a infectología del Hospital Austral, donde detectaron que su hijo tenía en sangre 120 veces más glifosato de lo que su cuerpo puede tolerar, y su hija 100 veces más. 

Al poco tiempo decidió hacer una denuncia anónima en el juzgado federal, y cuando vio que se movía el expediente amplió la denuncia y juntó más pruebas. Estudió derecho y fue querellante en su propia causa. 

Y ha sembrado precedentes. Un fallo judicial amplió la zona de restricción para realizar fumigaciones: se prohibieron fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos a menos de 3 kms y 1095 metros respectivamente desde el límite de toda la planta urbana.

A su hijo, que continúa con controles permanentes, algunas veces se le inflama la lengua, otras tiene sangre en orina. Desde chico, las extracciones de sangre para análisis son permanentes. 

Esas son las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos. 

 

Qué dice la ordenanza Municipal 

En la legislación local respecto de las aplicaciones de agroquímicos (o fitosanitarios para las autoridades políticas) abundan los grises. De todas formas, el artículo seis de la ordenanza sobre prácticas agrícolas describe como “Zona de amortiguamiento” a toda la superficie delimitada de protección “que por naturaleza y por su ubicación, requiere de un tratamiento especial para garantizar la conservación de un espacio protegido sin entorpecer las actividades que en ella se desarrollan. La dimensión de la zona amortiguamiento se establece de acuerdo con la vulnerabilidad de la zona, presencia de cursos de agua, urbanizaciones, presencia de escuelas o cualquier área, que por sus características, sea considerada sensible”. 

Por otra parte, el artículo 8, sobre las distancias de las aplicaciones aéreas, se detalla que “Se prohíbe la aplicación aérea de productos fitosanitarios (agrotóxicos) en la zona de amortiguamiento”. 

 

¿Qué preocupa?

La ordenanza no es suficiente, y su regulación no debe y no puede depender de las denuncias permanentes de vecinos y vecinas en sus redes o llamados de atención a las autoridades. La  reglamentación tiene una visión extractivista,  que en ningún momento contempla los impactos en la salud de la población frente a la exposición prolongada de agroquímicos y tampoco ofrece potenciales alternativas para zonas de viviendas y escuelas rurales que no sean las de limitar las fumigaciones en cantidad o franja horaria, opacando todas las alternativas que cientos de organizaciones, universidades y profesionales ofrecen y promueven a lo largo y ancho del país. 

En definitiva, se limita a plantear una regulación gris, sancionar, multar.

La ordenanza se titula “sobre las buenas prácticas”, y la cuestión de fondo es ética: vecinos y vecinas que viven en zonas semirurales están contemplados como sobrante dentro de un sistema que apesta.