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  • lunes, 18 de enero de 2021

Los que están a favor y los que no responden 

El aborto es legal en Argentina. Así lo determinó el último 29 de diciembre el Senado de la Nación, cuando convirtió en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por el Ejecutivo Nacional. A partir de ese momento, el estado tendrá que velar para que en Argentina las intervenciones sean seguras y gratuitas. Después de una vigilia histórica para la ciudad, en la que cientos de mujeres esperaron el resultado frente al Municipio, Cuatro Palabras se comunicó con referentes locales de distintos espacios políticos para conocer su opinión. Quienes eligieron dar su testimonio, están a favor de la implementación de la ley IVE, el resto de los consultados prefirieron no responder.

Los que están a favor y los que no responden 

El senador Agustín Máspoli, había sido consultado por este medio, durante los debates del 2018. En esta oportunidad reiteró su postura a favor de la ley, “porque el aborto existe, y la ley lo hace legal, seguro y gratuito, y eso me parece que es el punto fundamental”. En ese sentido, el legislador opinó que de aquí en más el desafío será la implementación: “Todos debemos aportar nuestro granito de arena, pero el gobierno tiene un gran desafío en la implementación. Tenemos que educar y prevenir para que la menor cantidad de mujeres pasen por esa situación”. 

El concejal en uso de licencia, Martin Carnaghi, no ocultó nunca su posición frente a este tema. Es más, en sesión 864 de julio de 2018, el bloque de concejales que presidía presentó un proyecto de adhesión al tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley Nacional interrupción voluntaria del embarazo y que fue rechazado por Tomás Domínguez, Adriana Olivetto,  Graciela Rodríguez, Marcos Scally, Carolina Marino y aprobado por el resto de los concejales. 

En esta oportunidad, Carnaghi asegura a Cuatro Palabras, “Estoy a favor porque es una cuestión de salud pública, teniendo en cuenta que hoy los abortos se practican igual en forma clandestina, de hecho hay quienes en forma inescrupolosa cobran por esta práctica”. En ese sentido explicó que “el peronismo siempre fue vanguardia en la garantía de nuevos derechos” e insistió en que si bien respeta a quien no opina igual, “estoy en contra de los dirigentes que especulan y no se la juegan en dar una opinión en un tema tan profundo e importante como este”.

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Herrera, en resumen, dijo que está a favor pero “No en términos anticonceptivos. No debemos criminalizar a la mujer que llega a tomar esa decisión. Cómo sociedad nos debemos preguntar muchas cosas y atender esas cuestiones que hacen que se llegue a estas decisiones”. 

Por último aseguró “Me pone mal el comportamiento de los extremos donde aflora la descalificación. Mucho menos comparto, y más aún repudio, cualquier sentido que vaya a querer sacar réditos políticos. Basta de malos y buenos”. 

Para la concejal Nancy Tejo (JxC), se trata de una herramienta para lograr un marco de igualdad de oportunidades para que toda persona que tome la decisión de interrumpir la gestación pueda tener acceso a un aborto en condiciones seguras, sin riesgo de vida. “Las mujeres más vulnerables y pobres ponen en riesgo sus vidas concurriendo a lugares poco seguros, y las mujeres que tienen dinero lo realizan pagando en lugares seguros”, dijo. 

La diputada provincial Micaela Olivetto (FdT) considera, a priori, que se trata de un tema de salud pública, “una realidad que como Estado no podíamos seguir ignorando, sin hacernos cargo”. En el mismo sentido explicó que “el aborto clandestino e inseguro causa complicaciones en la salud integral de miles de mujeres y personas gestantes, en muchos casos llegando a la muerte, principalmente en personas de las clases populares que no pueden pagar por una práctica segura, aunque siempre clandestina”. 

“El Estado tiene que estar presente también para las que deseen maternar, por eso nuestro gobierno presentó también el Plan de los 1000 días que acompaña a las mujeres durante el embarazo, puerperio y primera infancia”, cerró. 

Ignacio Orsini, presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, está a favor de la ley, no del aborto. “Me parece que nadie lo está”, dice y agrega “Estoy de acuerdo en que se dé una respuesta institucional a una problemática, porque el aborto es un hecho que se da de todas formas en la clandestinidad. Está ley tiene que ver con una política de salud pública y nada más que eso, frente a cualquier postura religiosa, que desde ya respeto, pero son cuestiones de fe”. De todas formas opinó que “Son absolutamente válidas las posturas” y valoró que “se haya dado el debate, que logró inicialmente el gobierno de Cambiemos, y ahora lo elevó el Ejecutivo del presidente Fernández”. “Debía darse, es un debate viejo, que el resto del mundo dio durante el siglo pasado, y que en Argentina tuvo una respuesta, no sé si era un pedido generalizado, pero sí era tabú. Merecía un final como este, una ley”. 

El concejal Fabián Ayala también adhiere a la ley, “porque el Estado debe hacerse cargo de las problemáticas sociales e intentar resolverlas”. En ese sentido opinó que “Es importante llevar a cabo acciones concretas de difusión y conocimiento de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados a través de la educación sexual en las escuelas y desde el Municipio”, y aseguró que “Con la ley de IVE bien aplicada se protege a la persona y se terminan privilegios”. 

La concejal Ana Rodrigo (JxC) está de acuerdo con la sanción de la ley, porque considera que “toda mujer tiene derecho a decidir y respeto esa decisión, se debe acompañar ese proceso”. En comunicación con este medio la legisladora opinó que “la ley viene a asegurar que las mujeres que ya lo hacían de hecho, ahora estén respaldadas y cuidadas”. 

Romina Barbetta, concejal (FdT) se refiere a las cientos de miles que han muerto por abortos clandestinos para marcar su posición. “Son muertes totalmente evitables. No es aborto si, aborto no, esta ley viene a sacar al aborto de la clandestinidad, a evitar que más mujeres y cuerpos gestantes mueran por prácticas ilegales, sin ninguna seguridad. También implica que tengan las mismas posibilidades tanto aquellas mujeres con alto poder adquisitivo como las que no”, y cerró “La ley no obliga a nadie a abortar, tampoco promueve el aborto, pero sí consagra derechos, promueve la  justicia social y garantiza la salud pública”. 

Si bien no logramos comunicarnos con el Intendente Víctor Aiola, durante los últimos años, y en reiteradas oportunidades hemos consultado al jefe comunal su opinión sobre está cuestión de salud pública. Trascribimos su respuesta, en una entrevista publicada el día 17 de octubre de 2019 en este medio: “Como siempre digo, no estoy a favor del aborto, sino a la despenalización del aborto, por una cuestión de que uno no puede penalizar a alguien que tiene que tomar tremenda decisión. Y es responsabilidad del Estado detectar esos casos y ver de qué manera lo resuelve, si se pasa a lo clandestino, el Estado mira para el otro lado”. 

Fueron consultados y no respondieron: Darío Golía (Exintendente y vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos), Mauricio Barrientos (Secretario Legislativo- HCD provincial), Patricia Colaccili (Concejal- JxC), Clelia Cuozzo (Concejal JxC), Laura Marchesse (Concejal JxC).