17:26 h. Domingo, 26 de enero de 2020

“El agua de Mendoza no se negocia”

Por Gustavo Porfiri

El viernes de la semana pasada, en una sesión express, fueron aprobadas las modificaciones de la Ley 7722, una norma que regula la actividad minera en la provincia de Mendoza. Los retoques para habilitar la megaminería contaminante fueron impulsados por el gobierno provincial de Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio) y acompañados por la mayoría del bloque del PJ, tanto en la cámara de Senadores como de Diputados. Esto generó una enorme movilización popular en contra y la reacción gubernamental fue -una vez más- palos y gases.

OPINIÓN  |  26 de diciembre de 2019 (07:48 h.)
Más acciones:

¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”, corearon decenas de miles de mendocinos -llegados desde todos los departamentos de Mendoza- ante la Casa de Gobierno ahora habitada por el radical Rodolfo Suárez. Se calcula que está movilización fue la “marcha más grande de la historia de Mendoza”. Marcharon para exigir al mandatario provincial que vete las modificaciones hechas a la ley 7722, que habilitan el uso de sustancias tóxicas para la megaminería.  Pero lejos de oír a sus gobernados, el mandatario dejó en firme los cambios que permiten a las mineras el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la extracción.

 

La caravana que avanzó desde San Carlos hasta la Capital de Mendoza, constituyó una verdadera muestra de resistencia social. Algunos en automóviles, otros en motos, en bicicletas y mucho pueblo de a pie se fue sumando a medida de que la marcha atravesaba diferentes localidades: Pareditas, Eugenio Bustos, Jocolí, Lavalle, General Alvear y San Rafael desde el sur, Uspallata y el este provincial. “El agua de Mendoza no se negocia” era la consigna que cantaban los mendocinos en una hilera humana que alcanzó los doce kilómetros de extensión.

Legislación del siglo XXI

Esta enorme movida popular en defensa de la Ley 7722 no fue casual, pues la norma nació al calor del debate de las asambleas sociales que y acompañada mayoritariamente por la sociedad. El espíritu de la ley -ahora roto por el gobierno provincial- era garantizar la protección del agua, ese líquido vital y escaso por aquellos territorios. Expresamente, prohibía el empleo de sustancias tóxicas como el cianuro o el ácido sulfúrico en la explotación de proyectos mineros. Asimismo, los emprendimientos referidos a la extracción de minerales debían ser aprobados por la Legislatura provincial.

Esta normativa fue sancionada en 2007 y desde entonces la corporación empresaria relacionada con la minería embistió varias veces planteando la inconstitucionalidad de la ley, pero la Suprema Corte de Justicia provincial ratificó su aplicación en 2017.

Aquí conviene destacar que la 7722 es una ley de avanzada, que está dentro del marco conceptual que considera al derecho ambiental como un derecho humano. Durante la última década, esta norma reguló muchos emprendimientos mineros que se desarrollan en la cordillera de Los Andes y lo hizo dentro del encuadre legal que establece la ley Nacional de Ambiente y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica) al cual nuestro país adhiere, un detalle que los funcionarios políticos parecen desconocer por estas horas.

El offside de los gobernantes mendocinos se marca más aún con la respuesta elegida ante la multitudinaria protesta por el retroceso en la legislación: represión mediante el uso de gas pimienta, balas de goma y decenas de detenidos. El escenario montado por quienes fueron depositarios del voto popular fue el despliegue de la policía motorizada, la infantería y la montada.

También es para reflexionar la cuestión de que casi la totalidad del arco político mendocino estuvo de acuerdo con modificar la ley. Porque a pesar de que el presidente del Partido Justicialista provincial, Guillermo Carmona, reconoció que "las movilizaciones aquí son impresionantes. El Peronismo tiene que estar del lado del pueblo", lo cierto es que la mayoría de los legisladores del Frente de Todos acompañó con su voto las modificaciones a la Ley, con un supuesto pliego de exigencias en torno a la licencia social y el control, de dudoso control y cumpliniento.

Este comportamiento legislativo generó un malestar esperable entre quienes se sienten representados por diputados y senadores provinciales que se suponen defensores de los intereses populares y que no debieran ceder ante las presiones de la corporación minera. En fin, que otra vez la cuestión de la representatividad se pone en crisis.

Representación soberana

Mientras lidiábamos con la resaca navideña, nos enteramos de que a Comisión de Reinas de la Fiesta de la Vendimia -quizá la más grande de esta República- tomó posición frente a la modificación de la ley 7722 y propone suspender el tradicional festejo de marzo.

En la consigna "No hay nada que festejar, sin agua no hay vendimia" -levantada por las soberanas- se cristaliza el sentimiento del pueblo mendocino. "Creemos necesario y urgente, solicitar no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se dé marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el agua", dicen las reinas departamentales, quienes hoy tienen mayor representatividad que los legisladores electos por el voto. Esto no es casualidad, es un signo de los tiempos.