• 10:21
  • domingo, 24 de octubre de 2021

Diecisiete objetivos, una oportunidad

Por Marcelo Chata García 

 

Diecisiete objetivos, una oportunidad

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) fueron planteados por las Naciones Unidas en 2015 y adoptados por los Estados miembros. En ellos se encuentran una descripción sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo, estudios de proyección y sugerencias de acciones políticas y ciudadanas para el cuidado del planeta. Estos objetivos marcan la agenda hacia el 2030, procurando aunar acciones en cada país y entre regiones para mitigar la presión planetaria, las desigualdades sociales y la pobreza.  El ideario general es despegar el crecimiento económico de la contaminante ambiental, sin dejar ningún sector social excluido.

A pesar de su racionalidad, los planteos presentes en los ODS afectan a importantes intereses económicos y requieren la intervención de los Estados para establecer regulaciones, generar incentivos a las inversiones que reduzcan las presiones planetarias, y favorecer el empoderamiento y participación de las comunidades en el cuidado del medio ambiente.

Los ODS han sido puestos en tela de juicio por algunos líderes mundiales de la derecha conservadora, entre ellos el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, siguiendo declaraciones del expresidente norteamericano, Donald Trump.  A esa tendencia se suman dirigentes políticos locales, como Javier Milei.  Desde estos sectores se niegan los riesgos del cambio climático y se ha llegado a acusar a la ONU de comunista por las propuestas emanadas de su Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) bajo la inspiración del economista Amartya Sen. 

La recesión mundial sufrida durante la pandemia de covid-19 no ha hecho que esos sectores comprendan la situación de riesgo que vive el mundo actual, sino que la han aprovechado para marcar los errores o contramarchas de la Organización Mundial de la Salud, y de allí atacar a la ONU por las consecuencias de sus recomendaciones sobre la economía de la población.

Ciertamente, la ONU es producto de un orden mundial instaurado tras la Segunda Guerra, y requiere una gran reestructuración. También es cierto que no escapa a la crisis de liderazgos -tanto moral como ejecutiva- que puede encontrarse en los niveles regionales y nacionales. Sin embargo, en tiempos donde se requiere coordinación de acciones, el crecimiento de ideologías agresivamente individualistas parece destinado a incrementar los riesgos, más que atenuarlos. No deja de ser preocupante que un sector de la juventud se vea seducido por estas ideas, cuando son quienes deberán enfrentar sus secuelas.

¿Puede el sector privado, siguiendo su lógica de costo-beneficio, garantizar un equilibrio con el ecosistema y la inclusión social?  Movimientos como la Responsabilidad Social Empresaria o las Inversiones de Triple Impacto procuran ir en ese sentido. No obstante, si observamos la brecha abierta en las corporaciones desde el siglo XIX, entre dueños accionistas -que no toman decisiones, pero esperan ganancias- y gerentes -CEOs que toman decisiones y tienen que mostrar ganancias a los accionistas para mantener sus puestos- no se ve el lugar que ocuparían las preocupaciones socioambientales si no hubiera reglamentaciones estatales que marquen los márgenes de acción de los agentes económicos.

Tanto el accionar privado como el público tienen sus cuestionamientos, y ambos sectores surgen necesarios, pero no suficientes. La sugerencia del PNUD apunta a mayor participación ciudadana y de las organizaciones civiles, y, sobre todo, de las comunidades y grupos desfavorecidos que más sufren las consecuencias del cambio climático y las desigualdades.  Alcanza con ver las presiones que detienen la Ley de Etiquetado de Alimentos para comprender que, si la población no se involucra, no puede confiar ni en sus empresas ni en sus representantes ciegamente.