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  • sábado, 31 de octubre de 2020

“El bien común no puede quedar supeditado al mercado”

Sergio Federovisky es viceministro de Ambiente de la Nación, y tiene una larga trayectoria como biólogo especializado en ecología y periodista ambientalista. En diálogo con Cuatro Palabras se refirió a los incendios intencionales que se propagan en trece provincias. Dijo que si bien “hoy la situación está un poco más aliviada”, la realidad es que con la llegada del calor, “hay muchas posibilidades de que se agrave nuevamente”. Además, habló del rol del estado como interventor en tensiones entre vecinos fumigados y productores. “Administrar conflictos supone escuchar ambos intereses pero fundamentalmente saldar a favor del bien común, y el bien común no puede quedar supeditado al mercado”, asegura. A las 19:00 disertará en un zoom organizado por el Instituto Proyectar. 

foto:elpaís.com
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“El bien común no puede quedar supeditado al mercado”

 

Por Martina Dentella 

 

¿Cuál es el estado de situación respecto a los distintos focos de incendios en las provincias en este momento? 

Hoy la situación está un poco más aliviada respecto de lo que era la semana pasada, pero estamos en una temporada muy compleja, con muchas posibilidades de que se agrave nuevamente en las próximas semanas en la medida que vuelva a subir la temperatura, y con un pronóstico muy complicado para lo que puede ser el verano en la zona de la Patagonia, que tiene en ese momento su temprana más seca. Lo que estamos viendo, y es una de las consecuencias más directas que tiene el cambio climático, que es la extensión de los períodos secos. La temporada seca del centro y centro-norte de la argentina es el invierno, y este año, como venimos viendo, y como creemos que va a ser de aquí en adelante es lo que observamos, una extensión de ese período, y eso predispone al fuego  de otra manera. 

 

Organizaciones civiles y ambientales denuncian que los incendios son intencionales en su mayoría. Por otro lado, dijiste que el Plan de Manejo del Fuego había sido descuartizado, ¿cuál es la situación?

Efectivamente, la estadística dice que cerca del 95% de los incendios que estamos padeciendo  son causados por el hombre, y es una estadística internacional también. Pero podríamos precisar que de esa totalidad de incendios son deliberados. Es alguien que fue a prender fuego por desconocimiento, por negligencia, por llevar adelante una práctica tradicional pero ineficaz para manejar malezas o pastizales, o hasta aquellos que vana  prender fuego por algún beneficio en forma de desmonte de áreas de bosques nativos o humedales, y poder incorporar esas tierras posteriormente a alguna actividad productiva. Por eso es tan importante el proyecto de ley que se está discutiendo en diputados para establecer la prohibición en el uso lucrativo de las tierras quemadas, bosques nativos principalmente, de modo de desestimar la  posibilidad de la quema para especulación inmobiliaria o agroindustrial. 

Por otro lado recibimos por orden del presidente el regreso de los fondos para el Manejo del Fuego, la parte que había sido trasladada al Ministerio de Seguridad, porque ciertamente en el 2017 la decisión del gobierno de Macri había sido fragmentarlo, dejando la parte correspondiente a la prevención desfinanciada en el Ministerio de Ambiente, lo cual no solo implica tener recursos económicos, sino el abordaje integral imprescindible para atacar un tema tan complejo al cual no se responde solamente en el momento de la emergencia. 

 

La leyes que prevén la modificación del suelo en el caso de Córdoba existen pero no se aplican…¿cómo se cambia este paradigma?

Esa es la realidad de Córdoba, y obviamente hablamos de un país federal, en el que además los dueños de los recursos son las provincias, según la constitución de 1994, con lo cual el abordaje inicial respecto del fuego y de cualquier recurso natural es de las provincias, y el Estado nacional participa en la articulación y provincia de medios, equipamientos, y brigadistas para el combate en la medida en que el brigadista lo necesita. La ley que se pretende aprobar, es cierto que algunas provincias tiene su versión local, pero intentamos que sea una ley de presupuestos mínimos, donde las provincias no puedan descender de ese estándar que se va a fijar y que por otra parte tengan la obligación ética de respetar la normativa nacional. Pero además, nos va a dar una herramienta al ministerio de la Nación para poder intervenir, porque estas normativas nos obligan a sí vemos que las provincias descienden a la exigencia ambiental sobre sus recursos naturales. 

 

Son las mismas comunidades las que están denunciando proyectos inmobiliarios o el ingreso de ganado en el caso de las islas del Delta del Paraná, ¿cómo ves a la comunidad organizada desde tu nuevo lugar de responsabilidad?

-Me da la sensación de que si no fuera la presión de la comunidad, por la exigencia de la sociedad, por el alerta que despierta frente a cada una de estas situaciones, probablemente estaríamos peor de lo que estamos en materia de regulación en materia ambiental. Por suerte existe eso para poder contrarrestar algunas presiones del mercado a las cuales son bastante permeables algunos estados, y que no debieran claramente. Yo no solamente estímulo sino que felicito la posibilidad de que sea la sociedad la que establezca los controles, la denuncia, y lo que hay que hacer es prestarle atención y convertirlo en política pública en esa dirección. Lo que ha pasado en el delta es bastante elocuente, si no hubiese sido por reacción casi unánime por la población, probablemente hubiese pasado desapercibido lo que era claramente un ecocidio. 

 

Los temas que más preocupan a las poblaciones rurales, a las ciudades chicas en materia ambiental son las aplicaciones de agroquímicos en cercanía de las viviendas, y el impacto en la salud, ¿cómo trabajan en las tensiones entre productores y vecinos?

Hoy, una parte bastante importante de la política pública en materia ambiental es la de administrar los conflictos, y los conflictos van a ser crecientes entre una sociedad que tiene cada vez mayor conciencia y que expresa mayor rechazo a actividades que no funcionan con ninguna armonía con el medio ambiente; y los portadores de esas actividades, que entienden que sus beneficios particulares traen riesgos. Administrar conflictos supone escuchar ambos intereses pero fundamentalmente saldar a favor del bien común, que es aquello para lo que principalmente está. El estado no está para hacer equilibrio, sino para hacer cumplir aquello que decía el papa, el bien común no puede quedar supeditado al mercado, yo por lo menos entiendo que la gestión en materia ambiental tiene que llevar ese precepto sobre todas las cosas.