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  • jueves, 29 de octubre de 2020

Al pan, transgénico

El trigo es la base de la alimentación en Argentina. Comemos pan, fideos, tartas, galletitas, y una gran cantidad de derivados de esa materia prima. Es aquí donde se aprobó el primer trigo transgénico HB-4 a escala global, que podría impactar en todo lo que consumimos. Con esta aprobación se ha intentado poner en valor la intervención estatal a través de científicos del Conicet como forma de garantizar su “inocuidad”. ¿Cuál es la realidad? ¿Quiénes aprueban estas semillas? ¿Con qué criterio? ¿Qué significa está aprobación en lo político-social? ¿Qué se pone en juego? ¿Qué significa un nuevo transgénico? ¿Qué sucede con las patentes, regalías, derechos? ¿Qué rol juega el Estado?. Estas preguntas responden Javier Souza Casadinho, Ingeniero Agrónomo, docente de la cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad de Agronomía de la UBA y director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América latina; y Carla Poth, Politóloga, investigadora y docente del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Al pan, transgénico

Por Santiago Muhape y Martina Dentella 

 

La Dra. Carla Poth explica que quien sistematiza la evaluación y brinda el dictamen final para la aprobación o no del transgénico es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA). Al día de hoy, la entidad está conformada por 5 instituciones públicas, 9 universidades y centros de investigación y 7 organismos privados representantes de empresas biotecnológicas o del sectores agropecuarios asociados a la biotecnología. 

En los últimos cambios regulatorios, la CONABIA incorporó 4 instituciones como observadoras que también son organismos representantes de empresas biotecnológicas. “Aquí tenemos un gran problema, porque la comisión tiene al menos once miembros con un interés directo en la liberación de las semillas genéticamente modificadas, porque son cámaras que representan a las empresas semilleras o de agrotóxicos”. Se trata de organismos reconocidos “porque han sido los líderes en el proceso de reconversión agraria en los 90 hacia las semillas transgénicas como ACREA o AAPRESID y son los que están votando adentro de la CONABIA”. 

El segundo problema, según Poth, es que nueve de esos miembros son parte de universidades y centros de investigación, “pero no son cualquier representante, sino que son investigadores que muchas vienen de centros públicos como CONICET, y que dentro de las universidades trabajan para el desarrollo biotecnológico de empresas”. Según la politóloga, la mayoría de estos investigadores, en algún momento de su carrera, han creado convenios de investigación con empresas privadas y su interés está asociado a una lógica comercial. 

 

63 semillas genéticamente modificadas en Argentina 

Hasta el año 2013 la CONABIA funcionó sin reglamento interno, “Este nivel de opacidad le permitió avanzar en la aprobación de casi el 90% de las semillas genéticamente modificadas en Argentina, liberadas por una comisión que no tenía un funcionamiento claro y publicitado”, explica Poth. 

Abogados de derechos humanos y derechos ambientales, organizaciones, y denuncias públicas lograron un estatuto, pero con solo el 10% de la comisión de cuarenta miembros se logra el quórum. 

Así se logró, hasta la fecha, la aprobación 63 semillas genéticamente modificadas en Argentina, y su aprobación se basa en el principio de equivalencia sustancial, que plantea que una semilla genéticamente modificada -que en otros países supone una nueva tecnología- tiene una equivalencia sustancial a una semilla sin modificaciones genéticas, “Y como no es nueva, no es diferente, y por lo tanto no tiene riesgos, por lo tanto es rápidamente liberada”. 

 

El Ingeniero Agrónomo, docente de la FAUBA y director de REPAL, Javier Souza, trabaja desde hace más de treinta años en experiencias agroecológicas en toda la región y cuenta que “siempre hubo promesas, de acabar con el hambre, de reducir los usos de plaguicidas, la forestación que nunca se cumplieron”. En ese sentido explica que “Lo mismo sucede ahora, de mano del Estado y la empresa Bioceres se genera un organismo que no es natural, para hacerle frente al cambio climático de la peor manera, produciendo una semilla que se adapta a la sequía, seguimos haciendo lo mismo, en vez de modificar el sistema de producción nos adaptamos generando efecto invernadero”.

 

¿Qué es el Glufosinato?

 

“Es un herbicida que quedó medio oculto, sin pensar que la toxicidad del glufosinato es más grave de que la del glifosato, que por sus características puede afectar al sistema reproductivo”, explica Souza y agrega: “Volvemos a pensar que la tecnología va a resolver los problemas de la tecnología, que la misma tecnología creó, y lo que es peor, las únicas críticas que aparecen es si le vamos a poder vender o no a Brasil y no que todos los días cuando te comas una galletita, pan, fideos, una tarta vas a estar comiendo un organismo transgénico, un organismo que tu cuerpo no estaba acostumbrado a comer”. 

 

Los transgénicos no son considerados “nuevas tecnologías” para evaluar sus riesgos, pero sí son considerados nuevas tecnologías al momento de tener el cuenta las patentes, explica Poth. De hecho, según la investigadora, esta comisión “resguarda la información que las empresas les brindan, y no la hace pública y la comisión considera que deben resguardar los negocios, para que puedan patentar. “La CONABIA se vuelve protector de esa información confidencial que luego les permite a las empresas el patentamiento de las semillas y la ganancia. Se violan aspectos centrales de la información pública, sobre todo para quienes después son los damnificados”. 

 

Una semilla, un agrotóxico 

 

Los 63 cultivos transgénicos en Argentina están asociados a -al menos- un tipo de agrotóxico. “Nos hace pensar que la lógica del transgénico, es la del uso efectivo de agrotóxicos, y al momento de evaluar el uso de semillas, no se considera, no es evaluado”, dice Poth. 

 

Como explica el Lic. Souza, Argentina cumple 24 años desde que se aprobaron los primeros transgénicos, “y tenemos por lo menos 25 plantas resistentes al glifosato. La expansión del trigo transgénico va a crear plantas seguramente resistentes y nos van a decir “bueno, creemos otro trigo”, resistente a otro herbicida, sin pensar que la modificación pasa por rever los modos de relacionamiento con la naturaleza y los modos de producción”. 

 

Las experiencias transgénicas argentinas muestran que no se han reducido los costos de producción, de hecho hay cada vez más pequeños productores endeudados. “Al principio de los 90 se redujeron los costos, pero al haber plantas resistentes y frente a la ausencia de rotaciones, y la necesidad de aplicar más herbicidas se aumentaron los costos”, dice el Ingeniero y docente. 

 

Para Poth, el trigo transgénico aprobado tiene dos agravantes. El primero es la contaminación cruzada, que implica la contaminación de otros trigos no transgénicos que estén sembrados en cercanías. El segundo, es que el trigo es la base de la alimentación en Argentina. “El pan está en las mesas de todos los argentinos. La aprobación del trigo genéticamente modificado hace que estos transgénicos, y lo que vienen asociados con él, que son los agrotóxicos, entren a nuestro sistema biológico”. 

 

“Este gobierno, con la aprobación de este trigo ha avanzado incluso más que el Macrismo”, asegura la investigadora. La Conabia ya le había dado la aprobación hace dos años, pero se descartó dado que hubo muchas presiones de los productores para evitar la liberación, “no es que los productores estuvieran preocupados por la salud de la población o ambiental, sino porque no tienen garantía de ganancia con este trigo. La semilla del trigo es barata, y el trigo convencional se puede guardar, la aprobación puede implicar un aumento en los costos de la producción; y si no está garantizada la exportación no les conviene”. 

 

El campo que no alimenta

 

“El agronegocio no alimenta, está relacionado con la producción de ganancias, y la política de “coexistencia” que plantea el gobierno, lo que busca es generar redes de agricultura familiar que produzcan alimentos baratos para el mercado interno”, dice Poth. Sobre esto plantea algunos conflictos, el primero es que el desarrollo de la agricultura familiar no está relacionada a la agroecología; “y los organismos que se han creado a nivel provincial y nacional están vacíos que no tienen financiamiento prácticamente. Uno puede ver que la agroecología aparece como política de estado como una cuestión cosmética, y el objetivo político es la contención de los conflictos. Porque después de tantos años de la implementación del agronegocio, han aparecido una gran cantidad de conflictos, ambientales, económicos, ecológicos, territoriales, sanitarios”. 

 

En ese sentido Souza dice “se ven contradicciones fuertes, por un lado se intenta mostrar el apoyo a la agroecología con la creación de la dirección provincial, con la creación de créditos para agroecología familiar, hay una contradicción porque vemos la factoría de cerdo para exportar, la aprobación del trigo transgénico, son miradas que tienen que ver con el “desarrollo” que implica un crecimiento y ese crecimiento siempre viene dado por incrementar los granos que no sería malo si no tuviera que ver con incrementar los plaguicidas, los transgénicos, fertilizantes, se podría pensar en otro modelo de desarrollo que implique producir más, reducir los costos. Hay mucha gente en distintos lugares que se están arriesgando a hacer agroecología y ganan plata producen alimentos y no contaminan el ambiente”.